El 29 de octubre de 2024, en una sesión del pleno del Ayuntamiento de València, se aprobaron diversas modificaciones en las ordenanzas fiscales que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2025.

Este acuerdo fue posible gracias al apoyo del equipo de gobierno, compuesto por el Grupo Popular y Vox, lo que provocó un intenso debate entre los distintos grupos políticos.

La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, presentó las nuevas medidas y enfatizó: “Vamos a seguir bajando los impuestos”. Resaltó que han reducido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para más del 99% de los residentes y comerciantes. Sin embargo, también se anunció un incremento del 3% al 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que, según Ferrer, solo se aplicará si se realiza alguna obra.

La concejala del Grupo Compromís, Eva Coscollà, criticó este aumento, señalando que podría impactar en los precios de las obras y, en consecuencia, en el costo de la vivienda.

Ferrer contrarrestó que muchos otros municipios importantes, como Barcelona y Paterna, aplican este tipo de impuesto sin inconvenientes.

Las modificaciones de las ordenanzas fiscales, aunque en su mayoría de carácter técnico, tienen importantes repercusiones. Estas incluyen cambios en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la plusvalía municipal y el impuesto sobre actividades económicas, entre otros.

En 2024, el Ayuntamiento ya implementó un ahorro significativo para las familias, estimado en alrededor de 70 millones de euros, gracias a una rebaja del 20% en el IBI.

Una de las decisiones más controversiales fue la creación de una nueva tasa para la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, motivada por la implementación de directivas europeas que buscan mejorar la gestión de residuos.

La concejala Ferrer San Segundo cargó contra el gobierno de Pedro Sánchez al llamar a esta situación “el tasazo de Sánchez”, defendiendo que la nueva normativa es desmedida y criticando su efectividad.

Desde la oposición, los concejales han argumentado que este nuevo tributo no está relacionado con la correcta gestión del reciclaje, indicando que quienes separan sus residuos pagarán lo mismo que aquellos que no lo hagan.

Borja Sanjuán, del Grupo Socialista, advirtió que una familia media podría ver un aumento de 141,31 euros en sus impuestos anuales debido a esta tasa.

Además, el nuevo sistema contempla bonificaciones para familias numerosas, así como incentivos por el uso de ecoparques, pero aún así, los opositores insistieron en que estas reducciones no tienen un verdadero impacto en los objetivos medioambientales.

Es importante mencionar que València ha sido reconocida por su enfoque en sostenibilidad y medio ambiente. Sin embargo, la reciente aprobación de estas ordenanzas podría generar un debate más ferviente sobre la equidad y justicia fiscal en el contexto urbano.

La introducción de esta nueva tasa y las modificaciones realizadas sugieren un cambio significativo en la estrategia fiscal del Ayuntamiento, que probablemente impactará en la economía doméstica de los ciudadanos y podría intensificar el debate político en los próximos meses.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un enfoque equilibrado y sostenible en la gestión de recursos y en la fiscalidad local.