El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras de la India ha dado a conocer una serie de cambios regulatorios que afectarán a las empresas de transporte compartido, como Ola, Uber y Rapido, mediante las nuevas Directrices para Agregadores de Vehículos Motorizados 2025.

Estos lineamientos buscan modernizar el sector, promoviendo mayor transparencia en los precios, mejorando la seguridad de los pasajeros, protegiendo los derechos de los conductores y estableciendo medidas de responsabilidad para ambas partes.

Supuestamente, una de las novedades más relevantes es que el gobierno ha permitido por primera vez el uso de motocicletas privadas para transportar pasajeros, siempre que cuenten con la aprobación de los gobiernos estatales correspondientes.

Este cambio proporciona una mayor claridad regulatoria a un sector que ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, impulsado por la popularidad de las plataformas digitales y la demanda de movilidad flexible en las grandes ciudades indias.

Las nuevas reglas también autorizan un aumento en la tarifa por aumento de demanda, conocida como 'surge pricing', permitiendo cobrar hasta el doble de la tarifa base durante las horas pico, comparado con el límite anterior de 1.5 veces. Durante las horas de menor demanda, el precio no podrá bajar de la mitad de la tarifa base. Además, los agregadores podrán aplicar penalizaciones por cancelaciones, que podrán llegar hasta el 10% del total de la tarifa, con un tope de aproximadamente 12 euros, en función de la tarifa original.

Estas penalizaciones serán aplicables tanto a conductores como a pasajeros, siempre y cuando existan razones válidas, que deberán estar claramente indicadas en la aplicación.

En cuanto a los derechos de los conductores, las nuevas directrices exigen que estos reciban formación obligatoria en conducción segura, primeros auxilios, sensibilidad de género y atención a pasajeros con discapacidad.

Supuestamente, también tendrán la libertad de colaborar con varias plataformas simultáneamente, siempre que cumplan con los requisitos de verificación policial, chequeos médicos y evaluaciones psicológicas.

Respecto a la protección social, los conductores deberán contar con un seguro de salud por al menos 60.000 euros y un seguro de vida con cobertura mínima de 120.000 euros, con revisiones anuales. Los pasajeros, por su parte, tendrán asegurado un mínimo de 60.000 euros durante sus viajes.

Para garantizar la seguridad y accesibilidad, todos los vehículos deberán estar equipados con GPS, botones de pánico y botiquines de primeros auxilios (excepto en motocicletas).

Además, las aplicaciones deberán permitir compartir en tiempo real la ubicación del viaje y ofrecer soporte al cliente las 24 horas en diversos idiomas regionales.

Supuestamente, también se incentivará la incorporación de vehículos eléctricos y de accesibilidad para personas con discapacidad, en un esfuerzo por promover una movilidad más sostenible e inclusiva.

Las sanciones por incumplimiento de estas normas pueden incluir la suspensión de licencias por hasta tres meses, cancelación definitiva en casos de reincidencia y multas que podrían alcanzar los 1,2 millones de euros, según fuentes no oficiales.

Los estados tienen un plazo de tres meses para adoptar estas nuevas directrices.

En conjunto, las Directrices para Agregadores de Vehículos Motorizados 2025 pretenden equilibrar la seguridad de los pasajeros, la transparencia en los precios y el bienestar de los conductores.

Con regulaciones más estrictas, coberturas aseguradoras extendidas y monitoreo en tiempo real, las autoridades indias buscan construir un ecosistema de movilidad compartida más seguro, justo y accesible para todos.