La Whale Sanctuary Project celebra una inauguración simbólica en Wine Harbour para un refugio flotante de hasta 10 ballenas (orcas o belugas). El proyecto, con coste estimado de 15 millones de dólares y un arrendamiento de 20 años aprobado, encara aún trámites legales, oposición local y retrasos en la instalación de las redes.

Una propuesta para crear en la costa de Nueva Escocia el primer refugio costero de Norteamérica para ballenas en cautiverio dio este viernes un paso simbólico.

En Wine Harbour, un rincón rocoso y pequeño de la costa este de la provincia, se llevó a cabo una ceremonia de apertura que trató de dejar atrás años de trámites y papeleo para dar paso a la construcción.

Alrededor de la carretera principal se congregaron residentes y, junto a ellos, unos decenas de manifestantes con carteles que expresaban su disconformidad.

La iniciativa corre a cargo de Whale Sanctuary Project, una organización sin fines de lucro con base en Estados Unidos, que desde hace más de seis años propone levantar una jaula flotante de 40 hectáreas frente a Indian Harbour.

El objetivo: alojar hasta 10 ballenas, entre orcas y belugas, que hoy viven en condiciones que sus impulsores califican de incompatibles con su bienestar a largo plazo.

El plan ha sido presentado como una opción para quienes ya no pueden regresar a sus escenarios naturales de origen, a la vez que se busca responder a una demanda social de políticas más responsables sobre animales en cautiverio.

El paso que se dio este viernes coincide con un avance institucional: el gobierno de Nueva Escocia aprobó, en octubre pasado, un arrendamiento de 20 años para el uso de la zona.

Aun así, el cumplimiento pleno de este acuerdo depende de varios pendientes de firmas y de detalles legales que todavía deben resolverse. El jefe de la dirección del proyecto, Charles Vinick, subrayó que el acto representa una señal de que “se está dejando atrás la larga etapa de revisión regulatoria y de permisos para entrar de lleno en la construcción”.

No obstante, dejó claro que “no todo está listo para empezar a construir mañana”: la instalación de las redes flotantes, que estaba prevista para este verano, no ocurrirá hasta la próxima primavera.

El secretario provincial de Recursos Naturales y Renovables dejó constancia de que la firma final del arrendamiento aún no se ha sellado porque falta precisión en algunos términos; por ahora el contrato cubre solo la porción de Indian Harbour donde se anclarán las redes, mientras que la construcción de un centro veterinario, una instalación de operaciones marinas y otros edificios se hará en una propiedad privada.

Vinick dijo que las dos partes ya acordaron el lenguaje y que solo quedan “los abogados para poner punto y coma”.

Entre los vecinos, la reacción es mixta: para algunos es una oportunidad de visibilizar la región, pero para otros significa perder acceso directo al océano, algo que en Wines Harbour temen afecte a la pesca y la navegación.

“Si el proyecto llega a hacerse realidad, nosotros y nuestra familia perderíamos la posibilidad de moverse libremente por el agua”, afirmó Tracy Burns-Gagnon, propietaria de una parcela cercana, en una entrevista.

“Queríamos formar parte de una decisión que afectaría nuestro día a día, no solo asistir a una reunión o leer un documento”.

Vinick aseguró que se ha intentado responder a las preocupaciones locales y que se han hecho ajustes en el plan para reducir el tráfico y el posible aumento de ecoturismo.

También afirmó que no se gestionará ninguna instalación pública cerca de Wine Harbour: se ha mantenido la idea de que la interpretación pública tenga un centro próximo, separado de la zona de refugio, y que el centro de interpretación ya está ubicado en Sherbrooke, a pocos kilómetros, desde 2021.

La comunidad de Wine Harbour no es la única que observa con cautela el proyecto: algunos vecinos exigen garantías de que el refugio no degradará el entorno ni privará a la gente del acceso al mar.

Burns-Gagnon explicó que la defensa de su territorio se ha basado en la necesidad de conservar el modo de vida local y mantener abierta la posibilidad de pesca y actividades recreativas en la zona.

En paralelo, la Whale Sanctuary Project necesita obtener permisos del Departamento Federal de Pesca y, sobre todo, recaudar los 15 millones de dólares necesarios para la construcción y 1,5 millones anuales para su operación.

Los organizadores aclaran que no están pidiendo fondos al gobierno. El plan prevé un recinto costero que, según sus impulsores, permitirá despedir a un modelo de entretenimiento en que ballenas viven en cautiverio, sustituyéndolo por un entorno más acorde con las expectativas modernas de bienestar animal y conservación.

A nivel internacional, este tipo de iniciativas se enmarca en un debate más amplio sobre la crianza y exhibición de especies marinas y la búsqueda de alternativas al entretenimiento tradicional.

En varios países, proyectos similares han enfrentado controversia, ajustes de presupuesto y exigencias regulatorias, pero también han hecho avanzar la conversación sobre qué significa cuidar de los animales cuando ya no pueden vivir en libertad plena.

Históricamente, la idea de refugios para ballenas no es nueva. En Norteamérica, la cuestión ha ido evolucionando desde soluciones temporales de rescate y rehabilitación hacia propuestas de santuarios flotantes o semilibre, con mayor énfasis en la rehabilitación, el cuidado veterinario y la protección de especies.

Este marco ha inspirado a comunidades costeras a defender modelos de convivencia entre ciencia, conservación y turismo responsable, aunque siempre con la cautela de las comunidades que viven en esas costas y dependen de ellas para su sustento.

En resumen, este viernes no hubo una solución definitiva, pero sí un paso de cambio: la promesa de avanzar hacia un refugio que, si se consolida, cambiaría el paisaje de Wine Harbour y, a la vez, encendería el debate sobre cómo queremos tratar a las ballenas y otros animales que se cruzan en nuestra historia de costas y ciudades.

El próximo tramo dependerá de la firma de documentos, la resolución de trámites y la capacidad de las partes para encontrar un equilibrio entre conservación, economía local y vida diaria de la gente.