El Departamento de Telecomunicaciones de India ha ordenado que todos los nuevos teléfonos incluyan de forma obligatoria una app de seguridad que no puede ser eliminada, lo que ha provocado reacciones políticas y de derechos digitales. La medida busca mejorar la seguridad y la recuperación de dispositivos perdidos, pero levanta preocupaciones sobre la privacidad y el control estatal.

En un movimiento que ha generado gran polémica, el Departamento de Telecomunicaciones de la India (DoT) ha solicitado que todos los principales fabricantes de teléfonos inteligentes preinstalen en sus dispositivos la aplicación de ciberseguridad Sanchar Saathi.

La orden, emitida el 28 de noviembre, concede un plazo de 90 días para que las empresas aseguren que esta aplicación esté visible, operativa y funcional desde el primer encendido del dispositivo.

Además, la app no podrá ser desactivada ni eliminada por los usuarios, incluso en los dispositivos ya en circulación, que deberán recibir una actualización obligatoria de software para cumplir con esta directiva.

Supuestamente, la app Sanchar Saathi, gestionada por el Ministerio de Telecomunicaciones, tiene como objetivo verificar la autenticidad de los dispositivos y facilitar la recuperación de teléfonos perdidos o robados.

Según datos oficiales, esta herramienta, lanzada a principios de este año, ya habría ayudado a recuperar más de 700,000 teléfonos en todo el país, incluyendo unas 50,000 únicamente en octubre de 2025.

Aunque actualmente está disponible como descarga opcional en la App Store de Apple y en Google Play, la nueva orden implica que la app debe estar preinstalada y activa desde la configuración inicial del teléfono.

Durante una declaración pública, el DoT afirmó que los fabricantes deben garantizar que la aplicación sea fácilmente accesible durante la configuración del dispositivo y que presentarán un informe de cumplimiento en un plazo de 120 días.

Sin embargo, esta medida ha sido recibida con preocupación por parte de diversos sectores políticos y de derechos digitales, quienes consideran que se trata de una invasión a la privacidad y un acto autoritario.

El líder del Congreso, KC Venugopal, calificó la medida como 'un ataque a la democracia' y exigió su inmediata retirada, argumentando que viola derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la privacidad, protegido en el artículo 21 de la Constitución india.

La oposición y activistas digitales han criticado duramente la decisión, señalando que obliga a los usuarios a tener en sus dispositivos una aplicación que no puede ser desinstalada, lo cual supone una vigilancia constante.

Supuestamente, esta iniciativa se asemeja a medidas similares en otros países, como Rusia, donde desde septiembre de 2025, la app MAX Messenger no puede ser eliminada de los teléfonos del país.

Nikhil Pahwa, activista y fundador de MediaNama, comentó que 'esto convierte a Sanchar Saathi en un rastreador gubernamental en los dispositivos, más allá de su función original'.

Pahwa también señaló que la orden se emitió sin consulta pública, lo que refuerza la percepción de autoritarismo en la gestión del gobierno indio.

Por otra parte, analistas sugieren que la medida responde a una estrategia más amplia de control y seguridad, en un contexto donde India busca fortalecer su infraestructura tecnológica y combatir el fraude en las telecomunicaciones.

En 2024, el gobierno indio había desconectado más de 34 millones de líneas móviles y bloqueado casi 320,000 IMEI, además de eliminar cerca de 17 millones de cuentas de WhatsApp mediante sus plataformas de vigilancia.

Supuestamente, la imposición de esta app y las restricciones en las apps OTT como WhatsApp y Telegram, que deben vincularse a la tarjeta SIM en un plazo de 90 días, son parte de un plan para incrementar el control estatal sobre la comunicación digital en el país.

Mientras tanto, sectores de derechos digitales y políticos continúan alertando sobre los riesgos de privacidad y los posibles abusos que podría acarrear esta política, en un país donde la vigilancia digital ha ido en aumento en los últimos años y donde las libertades individuales a menudo se ven comprometidas por medidas de seguridad estatal presuntamente necesarias.