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En Nueva Delhi, el 19 de marzo, varias cuentas de la red social X aparecieron restringidas para usuarios en India, según notificaciones de la plataforma.

Entre las afectadas figuran perfiles satíricos y de comentaristas políticos, como Nehr_who, DrNimoYadav, indian_armada y DuckKiBaat. También se incluyen voces de activismo y análisis crítico, como ActivistSandeep, mrjethwani_ y doc_RGM. X indica que las medidas se aplicaron "en respuesta a una demanda legal" y que las restricciones se ejecutaron conforme a la ley vigente.

Las medidas son consecuencia de la Sección 69A de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, que permite a las autoridades bloquear o restringir contenido para salvaguardar la seguridad nacional, la soberanía y el orden público.

En este caso, la autoridad principal citada es MeitY, el Ministerio de Electrónica e Información, que emite las órdenes. Este tipo de intervención ha sido común en los últimos años en India, donde las reglas permiten a las autoridades actuar frente a contenidos que consideran problemáticos para la convivencia social o la seguridad.

Algunos informes señalan que el gobierno podría ampliar estos poderes para que otros ministerios, como Interior, Exteriores y Defensa, tengan la facultad de ordenar el bloqueo directo de contenidos.

Aunque aún no hay confirmación definitiva, estas discusiones han alimentado un intenso debate sobre quién controla lo que se ve en internet y cuánto se debe hacer para evitar disturbios frente a la opinión pública.

X, por su parte, ha dicho haber cumplido las órdenes en la medida de lo posible y ha orientado a los usuarios afectados a presentar reclamaciones ante MeitY para buscar una rectificación o desbloqueo.

Este tipo de respuestas, en un contexto de transparencia limitada, ha llevado a críticos a pedir procesos de revisión más claros y trazables para las decisiones de bloqueo.

El caso ha reavivado el debate sobre derechos digitales y libertad de expresión en India, un país con una de las democracias más grandes del mundo y una presencia cada vez mayor de plataformas internacionales.

Partidarios de una mayor responsabilidad del Estado señalan que, frente a amenazas reales, los gobiernos deben actuar; detractores recuerdan que la ausencia de criterios transparentes para las órdenes genera inseguridad jurídica y autocensura.

Entre las historias de apoyo y desmentidos, algunos medios internacionales han señalado rumores sobre órdenes a plataformas para bloquear cuentas cuando publicaban contenido de Reuters, y el Centro ha negado haber emitido tales órdenes o haber requerido a X bloquear 2.355 cuentas. X ha respondido que las alegaciones no correspondían a hechos verificables. Aunque no se ha presentado una lista oficial de cuentas bloqueadas, este episodio subraya la necesidad de debates abiertos sobre reglas de moderación, derechos de los usuarios y la responsabilidad de las plataformas en una era digital global.

En resumen, el episodio refleja una tensión permanente entre seguridad, gobernanza y libertad de expresión en India, y subraya que, en la era de las redes, las decisiones sobre lo que se puede ver o no siguen teniendo un impacto directo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.