En la Columbia Británica, un biólogo del gobierno fue sancionado por lo que la Environmental Appeal Board (EAB) —la Junta de Apelaciones Ambientales— consideró una forma de caza, al recoger pelo de un caribú protegido para análisis de ADN.

El caso gira alrededor de Doug Heard, un veterano en conservación que durante la última década ha trabajado para intentar recuperar una manada de caribú de bosque en Kennedy Siding, una parcela de 223 hectáreas catalogada como hábitat crítico para estos ciervos en peligro.

La resolución, publicada el 7 de mayo de 2026, concluyó que las acciones de Heard quedaron fuera de los límites permitidos por su permiso y que, por tanto, constituyen caza según la Wildlife Act de BC.

El suceso ocurrió el 7 de noviembre de 2024, cuando personal del ministerio de Agua, Tierras y Gestión de Recursos, observando en una transmisión en vivo, detectó a Heard usando un dispositivo conocido como “cable caster” para disparar pinzas de sujeción con la intención de arrancar pelo de los caribúes en una estación de alimentación.

Heard tenía un permiso para recolectar ADN de pelo y de pellets fecales, pero la autoridad dejó claro que ese permiso no autorizaba extraer pelo directamente de los animales.

La EAB sostuvo que la definición de caza en la Wildlife Act incluye perseguir a un animal con la intención de capturarlo, incluso si la finalidad es sólo obtener una muestra de pelo, sin importar si el animal se hiere, se mata o se captura de otra forma.

A efectos prácticos, eso significa que la simple acción de obtener pelo de un animal protegido se considera caza. La provincia argumentó que permitir estas prácticas podría abrir la puerta a que individuos persigan y acechen fauna silvestre con tal de capturar únicamente una parte del animal en cuestión, en lugar de su cuerpo completo.

El tribunal apoyó esa lectura.

Heard defendió, en su momento, que el cable caster era menos invasivo que sus intentos anteriores por obtener muestras, que incluían dardos y arcos de juguete; sin embargo, la junta recordó que esas técnicas ya habían sido rechazadas en decisiones previas, en 2021 y 2022, como no adecuadas dentro de los requisitos de su permiso.

Según el fallo, las recomendaciones de esas decisiones eran claras: incluso métodos “menos invasivos” debían emplearse sólo cuando fueran compatibles con un muestreo oportunista y sin alterar sustancialmente al caribú.

Heard, que dejó de ser biólogo público y que también es profesor adjunto en la Universidad del Norte de BC, ha dedicado años a la recuperación de la manada de Kennedy Siding ante el descenso sostenido de los caribúes de bosque.

Kennedy Siding se sitúa cerca de Mackenzie y forma parte de los esfuerzos de conservación en una región que ha sufrido un cambio acelerado de hábitat, conflictos con el uso del suelo y, en general, presión ambiental que ha reducido las áreas disponibles para estos animales.

Históricamente, los caribúes de bosque en BC han enfrentado un declive debido a la fragmentación de hábitats por desarrollo, pérdida de cobertura vegetal y, en algunos casos, impactos de depredadores y del cambio climático.

El fallo de la EAB marca un precedente importante para la comunidad científica: la obtención de material genético de fauna protegida debe alinearse estrictamente con la normativa vigente y con las condiciones específicas de cada permiso de muestreo.

Aunque Heard podría volver a solicitar un permiso de fauna silvestre a partir del 2 de mayo, la decisión enfatiza que los métodos de muestreo deben ser acordes a las autorizaciones y a las reglas, para evitar que la investigación se convierta en una causa de estrés o daño a especies vulnerables.

A nivel práctico, este caso podría influir en cómo se diseñan futuros proyectos de investigación en BC: los científicos que trabajan con caribúes o con otras especies protegidas deberán planificar con mayor rigor los métodos de muestreo, priorizando la mínima invasión y la consulta previa con las autoridades, y sin asumir que la recopilación de cualquier partícula del animal queda fuera de un marco regulatorio.

Para la conservación de la fauna, la sentencia refuerza la idea de que la protección de especies amenazadas depende tanto de la gestión de hábitats como de una ética sólida en la investigación científica.

En ese sentido, el debate sobre la manera adecuada de estudiar al caribú, sin perjudicar su supervivencia, continúa.