El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha desestimado por completo el recurso presentado por la empresa Prezero contra la adjudicación del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y otros servicios complementarios en Santander, que recae en la UTE Acciona-Oxital.

La noticia la ha trasladado hoy la Concejalía de Medio Ambiente, con la responsable Margarita Rojo, y la idea que transmite es clara: el procedimiento del Ayuntamiento cumple con las normas y criterios técnicos exigibles, y la decisión es firme.

Entre los motivos que argumenta el TACRC para rechazar el recurso, se destacan varios puntos. Uno de ellos es el Plan de Igualdad: aunque Oxital no constaba inscrito en el momento de la licitación, el tribunal señala que la empresa lo registró antes de la adjudicación.

Asimismo, la resolución rechaza que hubiera indefensión para Prezero y se apoya en criterios técnicos del Comité de Expertos, en consonancia con la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea.

En resumen: el proceso se considera sólido y bien fundamentado desde el punto de vista legal y técnico.

Con este fallo, el procedimiento ya no permanece parado y el Ayuntamiento tiene el camino despejado para avanzar en la firma del contrato. El objetivo es cerrar la firma en los próximos días para que, en un plazo aproximado de dos meses, el nuevo servicio entre en funcionamiento. Según la concejala Rojo, la puesta en marcha cambiará la limpieza de la ciudad de forma notable, y las mejoras se irán notando de forma progresiva en la calle conforme se vaya desplegando el nuevo contrato.

El marco económico del contrato es otro tema central. La adjudicación se dio a la UTE Acciona-Oxital por un presupuesto total de 253.841.901 euros para diez años de servicio. En cuanto a la inversión prevista, la administración destina 30,4 millones de euros a maquinaria y equipamiento de última generación. De cara al medio ambiente, la flota estará formada en un 62% por vehículos eléctricos y el 97% funcionará con energía limpia y no contaminante.

Junto a la renovación de vehículos y tecnología, el plan contempla una renovación completa del parque de contenedores, un incremento de la contenerización para envases y papel-cartón, e incluso la implantación de un quinto contenedor para biorresiduos.

El objetivo es aumentar los ratios de recogida selectiva y mejorar la comunicación con el ciudadano, con una oficina de atención presencial en la calle Rualasal y otras mejoras que acompañarán al servicio durante su primer año.

La adjudicataria asumirá la subrogación de toda la plantilla y se compromete a mantener íntegramente los derechos laborales, además de incluir medidas de formación, promoción interna y conciliación.

En palabras de la concejala, se trata de un buen contrato que, en cuanto se ponga en marcha, “va a cambiar completamente la limpieza de la ciudad” al incorporar mejoras técnicas, tecnológicas y ambientales.

Entre otras novedades, el contrato prevé la instalación de todos los contenedores necesarios sin coste adicional para el Ayuntamiento, la gestión de la recogida neumática y soterrada por parte de la adjudicataria (con acuerdos con URD Group y Contenur), y planes de actuación para incidencias con tiempos de respuesta inferiores a 24 horas.

También habrá 24 puntos limpios de proximidad disponibles 24/7, con capacidad para más de 40.000 litros, y un plan de choque en el primer año centrado en grafitis, cartelería y mobiliario urbano.

Además, se contempla un plan de desratización integral para todo el municipio, con campañas de choque en febrero, mayo y octubre, y tratamientos de mantenimiento durante el resto del año.

La empresa adjudicataria se hará cargo de la contratación y sostenimiento de los trabajadores, garantizando derechos, formación y conciliación.

En resumen, con esta resolución judicial se desbloquea un cambio profundo en la gestión de limpieza de Santander. El Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una inversión importante para modernizar la ciudad, reducir residuos, aumentar la recogida selectiva y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Este tipo de movimientos encaja con una visión de gestión pública que favorece la eficiencia, la transparencia y la inversión en infraestructuras que deben durar años, con el objetivo de que la ciudad se vea y se sienta mejor para los ciudadanos en el día a día.