El Gobierno regional ha anunciado que, dentro de su Plan Industrial, se mantiene la prioridad de proteger a la población y a los trabajadores. De nuevo se pretende superar las 8.000 actuaciones entre controles, inspecciones y verificaciones que se llevan a cabo cada año en centros industriales y mineros, así como en instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y al control metrológico.

La cifra, similar a la de campañas anteriores, viene acompañada de novedades que amplían el alcance de las labores inspectoras y que afectan, entre otros, a sectores que no siempre estaban en el foco.

Entre las novedades de este año se destaca la inclusión de inspecciones a vehículos de segunda mano que se comercializan en desguaces, una medida pensada para evitar riesgos que podrían derivar en accidentes o fallos de seguridad en la circulación.

También se incorporan verificaciones a puertas peatonales automáticas de entrada a los zaguanes de los edificios residenciales, para asegurar que funcionan correctamente y no constituyen un riesgo para las personas.

Y, por último, se incluyen controles a fabricantes que trabajan con metales preciosos, como joyas o artículos decorativos, para garantizar que cumplen las normas de seguridad y protección del consumidor.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, aclaró que estas incorporaciones se añaden a la batería de objetivos ya conocidos, que buscan promover la seguridad sin impedir la actividad económica.

Recordó que, en la campaña de 2025, la vigilancia se amplió a otros ámbitos como los supermercados, instalaciones frigoríficas con amoniaco como refrigerante, puntos de recarga eléctrica y auditorías energéticas.

En total, el plan mantiene la idea de vigilar, verificar y, cuando sea necesario, sancionar para corregir deficiencias.

En cuanto a las sustancias peligrosas, el plan continúa contemplando actuaciones específicas para instalaciones que las usan, como los simulacros de emergencias, con un peso destacado dentro de las 1.500 actuaciones previstas en ese ámbito concreto. A ese total se sumarán, además, las tareas de análisis documental y comprobación de subvenciones autonómicas y europeas para acercarse al objetivo global de las más de 8.000 acciones de control previstas por el llamado Plan de control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales, mineros y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial y control metrológico.

El responsable de Industria explicó también que el plan abarca todas las fases, desde la inscripción y legalización de las instalaciones, hasta su mantenimiento, con el fin de garantizar las mejores condiciones de seguridad tanto para los trabajadores como para el resto de la población.

En la actualidad se tramitan las propuestas de sanción correspondientes al Plan de Inspecciones del año anterior. Como indicativo, informó de que se abrieron 90 expedientes administrativos, de los que 72 derivaron en propuestas de expediente sancionador, y que la mayor parte de las sanciones estaban relacionadas con incumplimientos en industrias no inscritas.

Las cuantías de las sanciones previstas por la normativa de industria oscilan desde multas leves de hasta 60.000 euros, pasando por sanciones graves de hasta 6 millones, hasta las muy graves, que pueden alcanzar los 100 millones en los casos extremos. Al fijar la cuantía final, se tiene en cuenta el tamaño del negocio y el riesgo que implica su actividad. Este sistema busca equilibrar la seguridad con la viabilidad de las empresas y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de trabajadores y usuarios en la economía regional.

En definitiva, el Plan Industrial de la región continúa con su objetivo de blindar la seguridad industrial y, al mismo tiempo, sostener el empleo y la actividad económica.

La idea es que la vigilancia sea continua y previsible, que las empresas cumplan la normativa sin sorpresas y que, si hay deficiencias, se actúe con rapidez para corregirlas.

Todo ello, con la mirada puesta en una economía más segura y en un entorno laboral más fiable para trabajadores y ciudadanos de la región.