La consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región ha denunciado este viernes que la negativa del Ministerio de Agricultura a autorizar de forma excepcional el uso del plaguicida Movento para combatir la plaga del pulgón está costando ya la mitad de la cosecha en los cultivos afectados.

La situación agrava la incertidumbre en el campo y provoca preocupación entre quienes trabajan la tierra, ya que las pérdidas pueden traducirse en menos ingresos y menor actividad en el entorno rural.

Durante la Conferencia Sectorial telemática celebrada en la mañana de hoy, la consejera Sara Rubira reiteró la petición de autorizar Movento de manera excepcional para hacer frente a la plaga del pulgón, especialmente en circunstancias en las que otros países europeos ya han adoptado medidas similares.

Se busca una respuesta rápida que permita a los agricultores disponer de una herramienta eficaz para salvaguardar miles de hectáreas de cultivo.

Rubira explicó que Movento es un producto con años de registro y que, según su evaluación, no ha generado crisis de salud pública ni impactos ambientales significativos.

Aseguró que no existen argumentos técnicos ni legales sólidos para negarlo y que la excepción podría salvar cultivos que, de otro modo, podrían perderse por completo o sufrir reducciones drásticas de rendimiento.

La consejera comentó además que once comunidades autónomas habían pedido que este tema se incluyera en el orden del día de la reunión y se registrara en actas, con la intención de llevarlo al Consejo Consultivo para un debate amplio.

Ante la negativa, se presentó un recurso de alzada para que la decisión sea reconsiderada y se evalúe con criterios comunes entre las administraciones.

La región subrayó que, en otros países de la Unión Europea, como Portugal, Italia, Francia, Alemania, Grecia y Eslovenia, se ha autorizado de forma excepcional el uso de Movento para frenar la plaga del pulgón.

Este marco de actuación contrasta con la postura española y podría suponer un cambio significativo en la gestión de la plaga si se aplica de manera coordinada a nivel comunitario.

Además, Rubira insistió en la necesidad de incorporar cláusulas en los acuerdos comerciales con terceros países que garanticen condiciones de producción compatibles con las de la UE.

La idea es evitar que las diferencias regulatorias pongan en desventaja a los productores comunitarios y aseguren una competencia más equilibrada.

La plaga del pulgón está afectando miles de hectáreas y, sin una respuesta rápida, los efectos podrían extenderse a cultivos de alto valor, con repercusiones directas en empleos y en la economía rural.

La consejera destacó que la falta de una solución inmediata no solo impacta en la producción, sino también en la estabilidad de los ingresos de las explotaciones agrarias familiares que sostienen gran parte del tejido rural.

El Ejecutivo regional sostiene que la decisión del Gobierno central tiene implicaciones de seguridad alimentaria y desarrollo rural, además de afectar la viabilidad de numerosas explotaciones.

Por ello, la Junta reitera su compromiso de seguir exigiendo una respuesta clara y rápida que permita a los agricultores contar con las herramientas necesarias para proteger sus cosechas y sus empleos, especialmente en zonas donde la plaga está golpeando con fuerza.

En resumen, la región insiste en que la autorización excepcional de Movento no es un capricho, sino una medida para evitar pérdidas irreversibles, proteger la producción local y mantener el empleo en el entorno rural, al tiempo que plantea una revisión de las normas que garanticen igualdad de condiciones con otros países de la UE.