El 21 de abril de 2025, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en una conferencia matutina la integración de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, con el objetivo de transformar digitalmente el país y facilitar la inversión.

Esta iniciativa busca unificar y reducir los procedimientos administrativos en los niveles federal, estatal y municipal, promoviendo una gestión más eficiente y transparente.

Desde hace décadas, México ha enfrentado retos en la gestión de trámites administrativos, caracterizados por procesos largos, requisitos redundantes y en muchas ocasiones, corrupción.

La idea de esta ley surge como respuesta a esas problemáticas, alineándose con un compromiso histórico de modernización gubernamental que data desde los años 2000, cuando se iniciaron los procesos de digitalización en algunos estados.

La nueva normativa establece un Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización que centraliza las autorizaciones en una sola autoridad y crea un catálogo único de trámites en todo el país.

Además, incorpora un Sistema Nacional de Atención Ciudadana y el uso de la plataforma Llave MX, permitiendo que los procedimientos se puedan realizar en línea y en tiempo real, eliminando la necesidad de acudir físicamente a varias ventanillas.

Uno de los pilares de esta reforma es la creación de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que desde su lanzamiento en abril, está disponible en la página www.inversiones.gob.mx. A través de esta plataforma, las empresas pueden gestionar en línea las fases de constitución, construcción y operación de sus proyectos, en un solo expediente digital.

En lugar de los 2.6 años promedio que actualmente se requieren para invertir en México, los procesos podrán completarse en un máximo de un año, con una reducción significativa en requisitos y trámites.

Para contextualizar, en 2024, México atrajo una inversión extranjera directa (IED) por aproximadamente 36 mil millones de euros, en gran parte impulsada por la estabilidad y las facilidades en los procesos administrativos.

La ley busca incrementar esa cifra, facilitando aún más las inversiones mediante la simplificación y automatización de los trámites.

El proceso de implementación contempla la firma de convenios con los gobiernos de 9 estados, entre ellos Tamaulipas, Baja California y Yucatán, y la firma de mesas de trabajo con municipios para garantizar la armonización en todo el territorio.

Se estima que para el 15 de junio de 2025, estarán en línea todos los trámites relacionados con la constitución de empresas, y para el 30 de noviembre, la totalidad de las etapas de inversión estarán digitalizadas y simplificadas en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, se planea que en 2025, más del 80% de los trámites sean en línea, reduciendo además los requisitos en un 50%. La simplificación también impacta en los tiempos de respuesta, que pasarán de 90 a 30 días hábiles para la inscripción y registro de empresas, lo que favorece a emprendedores e inversionistas.

El impulso a la digitalización es acompañado por la capacitación de servidores públicos en áreas como programación, telemática y nube pública, con la finalidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y garantizar la correcta operación de estos nuevos sistemas.

Hasta la fecha, más de 1,300 funcionarios de 20 entidades han recibido formación, y se espera ampliar este programa en los próximos meses.

En conclusión, la reforma anunciada representa un paso importante hacia un gobierno más eficiente, transparente y amigable con la inversión. La digitalización de trámites y procesos administrativos no solo redunda en mayor competitividad para México, sino que también facilita la vida de los ciudadanos y empresarios, fomentando un entorno económico más dinámico y justo.

La ley también sienta las bases para la creación de una cultura digital en el sector público, promoviendo la innovación y la confianza en las instituciones.

Este esfuerzo de transformación digital en México se inscribe en una tendencia mundial, donde países como Estonia, Singapur y Nueva Zelanda ya han avanzado en la implementación de plataformas únicas y procesos en línea para mejorar la eficiencia gubernamental.

La apuesta del gobierno mexicano por esta ley busca poner al país a la vanguardia en gestión digital y atraer mayor inversión extranjera, en un contexto de crecimiento económico y desarrollo social sostenido.