La Comunidad de Madrid ha informado hoy de la identificación de aproximadamente cuarenta casos en los que podrían haberse producido fallos en las pulseras antimaltrato, dispositivos electrónicos utilizados para monitorear a víctimas de violencia de género.

Según ha declarado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, estos posibles errores podrían comprometer la protección de muchas mujeres en situación de riesgo y generar dudas sobre la fiabilidad del sistema.

Supuestamente, estas pulseras, que han sido implementadas en Madrid desde hace varios años, son un elemento clave en la estrategia de protección a las víctimas y en la vigilancia de los agresores condenados.

La tecnología, que en ocasiones remite alertas a las fuerzas de seguridad en caso de que el dispositivo detecte movimientos sospechosos o la presencia en zonas prohibidas, fue diseñada para ofrecer una capa adicional de seguridad.

Sin embargo, presuntamente, fallos técnicos o manipulaciones externas podrían estar afectando su correcto funcionamiento.

Este asunto lleva a la región a exigir una explicación clara y oficial por parte del Ministerio de Igualdad, responsable de la gestión de estos dispositivos a nivel nacional.

En concreto, la Comunidad solicita que se realice una auditoría independiente que determine con precisión el alcance de los errores, así como el impacto real en la protección de las víctimas.

García Martín ha señalado: “Es fundamental conocer cuántas mujeres han quedado sin protección efectiva, cuántos procedimientos judiciales se han visto afectados y si, en consecuencia, algún agresor ha podido beneficiarse de estos fallos”.

Supuestamente, estos errores también han provocado que algunas víctimas soliciten la retirada de los dispositivos por inseguridad o por sentir que su protección no está garantizada.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que también ha participado en el encuentro, han señalado que en el último mes se han recibido quejas de usuarias en aproximadamente el 40% de los centros municipales de atención.

La situación ha generado una preocupación creciente en la región, que supuestamente ha recibido diversas denuncias por parte de mujeres que aseguran sentirse indefensas.

La falta de cobertura o la manipulación de las pulseras, según las víctimas, ha provocado que estas tengan que soportar alertas constantes, llamadas policiales y comunicaciones desde las centrales de control en momentos inoportunos, incluso en horas de descanso o en horas laborales.

Supuestamente, la situación se agrava por la posibilidad de que los agresores puedan manipular los dispositivos o acceder a ellos mediante técnicas externas, lo que reduciría aún más la eficacia del sistema de protección.

La consejera Ana Dávila, que el pasado martes 23 envió una carta al Gobierno central solicitando explicaciones inmediatas, ha declarado que desde su departamento también se han recibido múltiples quejas y que la confianza en el sistema se ha visto seriamente afectada.

Dávila ha añadido que las fallas en las pulseras no solo ponen en riesgo a las víctimas, sino que también comprometen la credibilidad de las políticas públicas en materia de violencia de género.

En este contexto, la consejera ha pedido mayor colaboración y coordinación con el Ejecutivo nacional para reforzar los protocolos de control técnico y seguimiento, así como para garantizar que las víctimas puedan confiar plenamente en los recursos disponibles.

Supuestamente, este problema no es exclusivo de Madrid, ya que a nivel nacional también se han detectado incidencias similares en otros territorios.

La región madrileña, con una larga historia de esfuerzos en la lucha contra la violencia de género, ha reiterado su compromiso en seguir trabajando en la protección de las mujeres, promoviendo campañas de sensibilización y fortaleciendo la formación de los profesionales implicados.

El asunto de las pulseras antimaltrato se ha convertido en un tema de máxima prioridad en el Observatorio Regional de la Violencia de Género, donde se ha abordado también el último asesinato de una mujer en Getafe, ocurrido el 24 de junio.

La comunidad mantiene su firme compromiso de seguir luchando contra esta problemática social, con el objetivo de reducir las cifras de violencia y ofrecer una protección más efectiva y confiable a las víctimas.