La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid presentó el 9 de abril, en el Hospital público Santa Cristina de la capital, un protocolo práctico para evitar la transmisión de microorganismos en los centros residenciales para personas mayores.

El documento, elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinar coordinado por la Subdirección General de Vigilancia en Salud Pública, busca convertir la prevención en una tarea clara y coordinada entre hospitales, centros de atención primaria y residencias.

La directora general de Salud Pública, Elena Andradas, subrayó que la convivencia entre residentes, familiares y profesionales exige una cooperación fluida entre distintos niveles del sistema sanitario y sociosanitario.

La transmisión de infecciones en residencias es un reto que hoy preocupa por su impacto directo en la salud de las personas mayores, su mayor fragilidad y el incremento de recursos sanitarios necesarios.

El protocolo propone estratificar el riesgo según las características de cada residente y adaptar las precauciones a cada situación, con formación continua para el personal y participación activa de residentes y familias.

Se acompaña de una guía práctica y de infografías sobre higiene de manos, uso de guantes, medidas de precaución y gestión de residuos, pensado como material útil en el día a día de los centros.

El objetivo es proteger a residentes, familiares y trabajadores y fomentar una atención segura, de calidad y eficiente, alineada con las estrategias de Salud Pública de la Comunidad.

Históricamente, las residencias han sido foco de debates sobre seguridad en la atención sanitaria, y este protocolo se sitúa en una línea de mejora continua que, entre otros factores, se reforzó tras las lecciones aprendidas en crisis sanitarias previas.

Los responsables destacan que, además de las recomendaciones, el plan ofrece herramientas prácticas para que cada centro pueda adaptar las medidas a su realidad diaria.

Con este avance, Madrid busca avanzar en la prevención de infecciones en un marco de coordinación entre servicios públicos y sociosanitarios, recordando que proteger a las personas mayores es una prioridad de la gestión pública.