La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha denunciado ante la opinión pública la falta de rigor y la supuesta inacción del Gobierno central en la gestión del examen MIR 2026, un proceso que podría acarrear graves consecuencias para los profesionales sanitarios que el próximo 24 de enero se juegan su futuro.

En un comunicado divulgado por la Consejería, se señala que el Ministerio de Sanidad supuestamente retrasó en torno a tres meses el inicio de la preparación de la prueba, moviéndolo desde junio hasta septiembre del año anterior.

Este desfase, aseguran desde la región, no se había producido en años previos y compromete los plazos del propio proceso, con efectos que podrían sentirse en la planificación de la formación de los futuros especialistas.

Además, la lista definitiva de admitidos debería haber sido publicada hace dos meses, pero a día de hoy —según el propio recuento de la Consejería— no se conoce el listado completo de aspirantes, incluidos aquellos a quienes podrían haber informado de su inadmisión tras resolver recursos de alzada.

Esta situación crea una fase de incertidumbre que podría condicionar la corrección de exámenes y la resolución de los recursos administrativos, dejando a muchos candidatos en una especie de limbo hasta que se resuelvan esas cuestiones.

La imprevisión, según la Consejería, podría afectar como mínimo los plazos para hacer públicos los resultados y la incorporación de los residentes de primer año a los centros en los que van a iniciar su aprendizaje.

En palabras de la administración madrileña, la demora no solo retrasa la toma de decisiones, sino que puede repercutir directamente en la planificación de hospitales y servicios que dependen de estos nuevos especialistas.

A este conjunto de hechos se suma, presuntamente, la improvisación en la especialidad de Urgencias y Emergencias. La Comunidad de Madrid ya había advertido hace meses del error que suponía anunciar la creación de plazas sin contar, todavía hoy, con el Programa Formativo ni con las Unidades Docentes acreditadas, cuyas estructuras y procesos de capacitación tienen una complejidad que afecta a hospitales y a unidades móviles externas a los mismos.

Este vacío dificulta la puesta en marcha de una enseñanza adecuada y coordinada para una especialidad clave.

Asimismo, la región acusa que, en junio de 2025, la ministra Mónica García habría rechazado la propuesta del Gobierno madrileño de formar a 70 profesionales en esta misma especialidad, aceptando tan solo 11 de un total de más de siete millones de habitantes, lo que, de confirmarse, agrava la sensación de descoordinación entre niveles de gobierno.

Supuestamente, estas decisiones tendrían un impacto directo en la disponibilidad de personal sanitario formado para atender a las urgencias y emergencias de la comunidad y de todo el país.

Tampoco se ha publicado hasta la fecha el programa formativo de la nueva especialidad de Laboratorio Clínico, otro sector que también se presenta a formar parte de estas plazas y que requiere de una planificación precisa para evitar vacíos en el diagnóstico y la atención sanitaria.

La Consejería de Sanidad ha advertido, además, de la reforma prevista por el Gobierno central del Real Decreto que regularía la relación especial de los médicos residentes y otros especialistas en formación.

En opinión del Ejecutivo madrileño, este proceso debe hacerse posteriormente a la aprobación definitiva del nuevo Estatuto Marco, cuyo proyecto ha generado un rechazo significativo entre los profesionales sanitarios y ha llevado a convocar jornadas de huelga en distintos puntos del país.

La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha subrayado que se trata de “una escandalosa serie de despropósitos, dislates y chapuzas” que ponen de manifiesto que el Ministerio de Sanidad actúa sin rigor normativo y con una clara falta de compromiso con los profesionales sanitarios, poniendo en grave riesgo el Sistema Nacional de Salud.

Presuntamente, estas afirmaciones reflejan la frustración de una comunidad que exige respuestas claras y una gestión más coordinada entre administraciones para garantizar una formación de calidad y un inicio de residencia que permita cubrir las necesidades reales de la población.

A lo largo de la última década, el MIR ha sido objeto de debate en España por su calendario y la coordinación entre comunidades y ministerios. Si bien la intención es mantener un proceso riguroso y equitativo para todos los aspirantes, la experiencia reciente ha puesto de relieve la importancia de la transparencia, la previsión y la coordinación entre distintas administraciones para evitar retrasos, incertidumbres y perjuicios a los futuros médicos que se forman para atender a la ciudadanía.

En ese marco, la Comunidad de Madrid exige, con base en su competencia regional, un plan claro y una ejecución más diligente por parte del Gobierno central para revertir la sensación de desorden y asegurar la calidad de la formación médica ante el MIR 2026.