La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el papel vital de la Cámara de Cuentas en vigilar la legalidad y el control del gasto público para favorecer una gestión más transparente y eficiente, con independencia de los gobiernos sucesivos y sin depender de la composición política de la Asamblea.

En un acto conmemorativo del XXV aniversario celebrado en la Real Casa de Correos, Ayuso afirmó que las administraciones tienen la obligación de presentar una información clara y de fácil acceso, una premisa que, según ella, fortalece la confianza ciudadana.\n\nSobre cifras de gasto, la información publicada no aporta importes en euros que convertir, por lo que no se muestran precios en este texto.\n\nSegún datos oficiales, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid fue creada en 1999 y, a lo largo de su trayectoria, ha emitido más de 450 informes sobre el conjunto del sector público madrileño, que incluye la Administración regional, entidades locales, fundaciones, universidades y otros organismos.

En el último ejercicio, 34 de esos informes fueron publicados, lo que refleja un ritmo de trabajo sostenido y una capacidad de fiscalización ampliada.\n\nLa renovación de la Asamblea de Madrid en diciembre de 2023, paralizada desde 2018, llevó a la elección de Joaquín Leguina como presidente, quien asumió el cargo en abril del año siguiente.

Esta reforma ampliaba el alcance de la Cámara para incluir consorcios y fundaciones adscritas a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos, que pasaron a formar parte de su ámbito de fiscalización, reforzando así el control sobre un conjunto más amplio de entidades públicas.\n\nEn clave histórica, la Cámara de Cuentas se ha ido consolidando como un órgano independiente y esencial para garantizar la transparencia de las finanzas públicas regionales.

Su labor se ha ido adaptando a los cambios institucionales y políticos, y ha reforzado su papel como garante de la legalidad en un marco de mayor exigencia normativa y de rendición de cuentas.\n\nHistóricamente, además de su función de auditoría, la institución ha participado en debates sobre la calidad de la información contable que llega a la ciudadanía y ha promovido mejoras en la gestión de fondos públicos.

Supuestamente, su experiencia podría servir de referente para otros territorios que buscan equilibrar autonomía institucional y control democrático.

En un contexto europeo, varias comunidades mantienen estructuras comparables que buscan elevar la transparencia, la eficiencia y la confianza en la gestión de los recursos públicos.\n