La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llevado hoy su voz a Bruselas para pedir a la Comisión Europea que refuerce los controles fronterizos sobre los productos agroalimentarios que llegan desde fuera de la UE.

Su objetivo es claro: proteger al sector agrario español y, en concreto, al campo madrileño, ante una competencia cada vez más intensa y ante decisiones europeas que, según ella, no pueden dejar fuera a los agricultores.

En el encuentro con Christophe Hansen, comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión, Ayuso insistió en que la región no debe quedar al margen de estas decisiones y destacó el compromiso que, según la comisaría, existe con todo lo que tenga que ver con el sector.

Ella presentó la voz del campo madrileño, poniendo ejemplos de productos que ya gozan de reconocimiento y calidad: el aceite de Madrid, que la Unión Europea reconoce como Denominación de Origen, el ajo fino de Chinchón, las fresas de Aranjuez y las mieles de Madrid.

Todo ello sirve para ilustrar que el campo regional tiene su propia identidad y sus propias señales de calidad, que deben preservarse ante la apertura de mercados.

El propio contexto europeo no facilita la lectura simple. El acuerdo de Mercosur, que podría entrar en vigor el 1 de mayo, eliminaría de forma recíproca y gradual más del 90% de aranceles entre la UE y países del bloque sudamericano.

Eso, para muchos agricultores españoles, podría traducirse en más competencia importada y, si no se mantienen los mismos requisitos que se exigen a los productos comunitarios, en una desventaja clara.

Ayuso recordó la necesidad de que las importaciones cumplan las mismas normas en sanidad, bienestar animal, medio ambiente, trazabilidad y uso de pesticidas.

En resumen: que entrar en la UE no signifique desentenderse de los controles que protegen a los consumidores y a los productores.

La preocupación no es solo de hoy. El libre comercio puede abrir un mercado enorme, con unos 700 millones de posibles clientes para los profesionales madrileños, y la eliminación de aranceles podría ayudar a bajar precios para el consumo nacional.

Pero, al mismo tiempo, facilita la entrada de productos que compiten directamente con lo nuestro. Por eso, la Comunidad de Madrid plantea que todo lo que lleguen a la UE esté sometido a los mismos requisitos que los productos europeos. También subrayó la necesidad de una vigilancia constante para evaluar el impacto de estas importaciones en el trabajo de agricultores y ganaderos, y, sobre todo, para preservar la autosuficiencia alimentaria de la UE.

Para hacer frente a estos desafíos, el Ejecutivo madrileño ha puesto en marcha medidas propias para apoyar al sector. Entre ellas, el Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con 148 millones de euros para el periodo 2025-2029, y la creación del Clúster Agroalimentario regional, un foro de cooperación entre el sector primario y la industria para impulsar actividad, innovación y empleo.

Estas iniciativas buscan facilitar el relevo generacional y garantizar la rentabilidad de los productores locales.

En el aspecto de la Política Agraria Común (PAC), Ayuso reclamó un refuerzo de la financiación para el periodo 2028-2034. Considera necesario evitar recortes como los que se produjeron en 2023-2027 en el Fondo Europeo de Garantía Agraria y en el Fondo Europeo Rural. Su propuesta es mantener los dos pilares de la PAC, respetando su singularidad, sin integrarlos en una solución única que combine financieras de distinta índole.

Recuerda que la PAC ha sido históricamente un pilar básico para la agricultura europea, nacido a principios de los años 60 para garantizar suministros estables y precios razonables, con España desempeñando un papel destacado en la producción de alimentos para el conjunto del país.

La agricultura y la ganadería, además de la industria agroalimentaria, han sido siempre sectores estratégicos de la Comunidad de Madrid. Representan aproximadamente el 3,7% del Producto Interior Bruto regional, con un volumen de unos 12.500 millones de euros, y emplean a unas 200.000 personas. El mercado potencial alcanza a unos 7 millones de consumidores madrileños, un dato que subraya la relevancia de estas actividades para la economía regional y para la seguridad alimentaria de la población.

En este contexto histórico y actual, Madrid quiere que sus productores estén mejor protegidos y que las políticas europeas reconozcan la realidad del campo madrileño y de toda España, sin perder de vista la importancia de una buena competencia, regulada y justa, que fomente la innovación, la eficiencia y los empleos de calidad en el mundo rural.