La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recibió hoy en la Real Casa de Correos a representantes de ASAJA Madrid, UGAMA, AGIMCOAG, UPA Madrid y UCAM, para escuchar sus reivindicaciones tras el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Según el Ejecutivo regional, Ayuso mostró su apoyo a estos profesionales y les trasladó la disposición del Gobierno regional para ayudarles con los trámites burocráticos y la mejora de la competitividad, teniendo en cuenta que ahora las reglas del juego pueden cambiar.

supuestamente, ese marco podría exigir una mayor atención a la seguridad alimentaria y a la trazabilidad de las producciones para mantener la rentabilidad del campo madrileño.

El pasado 15 de enero la Comunidad de Madrid firmó un pacto con estas organizaciones pidiendo que la Comisión Europea no active el acuerdo con Mercosur hasta que no se pueda garantizar la protección de agricultores y ganaderos españoles, así como el compromiso mutuo de trabajar de manera conjunta para garantizar la rentabilidad y la viabilidad del sector.

Advierte asimismo del riesgo que supondría depender de terceros países para el suministro de alimentos sin que se les exijan los mismos requisitos sanitarios.

Para ello, con el fin de garantizar su cumplimiento, se deberían reforzar los controles en frontera y las inspecciones en los países de origen. También defiende una Política Agraria Común (PAC) sólida con financiación adecuada y orientada a un modelo productivo justo, y que la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur esté supeditada al respeto de la reciprocidad normativa, para que los agricultores madrileños puedan competir en igualdad de condiciones y evitar desequilibrios.

Con este fin, se ha pactado que todos los profesionales cumplan los mismos estándares medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, garantizando de este modo la seguridad alimentaria y la autosuficiencia con importaciones equitativas en ambas direcciones.

Ayudas del Gobierno regional al sector primario

Desde que tomó posesión la presidenta Díaz Ayuso en 2019, el Ejecutivo autonómico ha situado esta actividad como una de las prioridades de su acción de gobierno, con iniciativas como el Plan Terra, con 100 millones de euros de inversión, o el Plan de Dinamización del Sector Primario.

Este último, con un presupuesto de más de 148 millones de euros para el periodo 2025-2029, incluye 35 medidas para dar respuesta a los grandes retos, como la pérdida de rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la sanidad animal o la relación del sector con la tecnología.

Entre ellas, destacan las ayudas al relevo generacional, a las corporaciones locales para el fomento de las inversiones en infraestructuras agrarias de uso común, el fomento de la ganadería extensiva o la contratación de seguros agrarios.

Además, desde julio 2023, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha tramitado 173,8 millones de euros en distintas ayudas al sector ganadero enfocadas a su modernización, sostenibilidad y rentabilidad.

Entre ellas, las destinadas a jóvenes ganaderos (hasta 80.000 euros anuales), ganadería ecológica y a la prevención de ataques de lobo, que aumentaron a 200.000 euros en 2025. En el caso de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, el Gobierno regional ha dedicado 1,6 millones a los propietarios de las explotaciones más afectadas.

Aunque las cifras y acuerdos descritos evidencian un esfuerzo sostenido por la región para sostener su sector primario, algunos analistas señalan que las iniciativas dependen de factores externos y de la capacidad de coordinación con Bruselas.

presuntamente, las medidas regionales buscan también sentar precedente para un modelo de producción más sostenible y con mayores garantías de rentabilidad a medio plazo.

En este sentido, la defensa de un marco común que privilegie la reciprocidad normativa y la competencia equilibrada aparece como eje central de la estrategia madrileña.

supuestamente, ese enfoque podría influir en nuevas líneas de cooperación entre comunidades autónomas y el propio gobierno central para reforzar la protección de los agricultores frente a cambios comerciales internacionales.

En un contexto histórico, la PAC ha sido clave en la configuración de la política agraria en España y la Unión Europea. La Comunidad de Madrid ha reforzado en los últimos años su inversión en el sector como respuesta a los retos de modernización, sostenibilidad y rentabilidad, con una visión que combina apoyo directo, inversión en infraestructuras y herramientas de seguro agrario.

A la vez, el debate UE-Mercosur continúa siendo objeto de intensos análisis, con voces que advierten sobre la necesidad de salvaguardar las normas sanitarias y ambientales para evitar desequilibrios competitivos.

Aunque no hay certeza sobre cómo evolucionarán exactamente las negociaciones, la agenda madrileña para el campo deja claro que el gobernador regional quiere situar a la región como referente en innovación y protección de los agricultores, incluso ante escenarios de cambio regulatorio a nivel europeo.

Este enfoque, según las autoridades, podría facilitar la transición hacia un modelo productivo más sostenible y resiliente, capaz de enfrentar las incertidumbres de la economía global en los próximos años.