La Comunidad de Madrid presenta un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la ministra de Sanidad, Mónica García, que estableció la obligatoriedad del uso de mascarillas en hospitales y centros de Atención Primaria. Además, se rebaja a recomendable su uso en estos espacios.
La Comunidad de Madrid ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional la Orden Comunicada de la ministra de Sanidad, Mónica García, que estableció medidas por el incremento de infecciones respiratorias agudas, entre ellas la obligatoriedad del uso de mascarillas en recintos sanitarios (hospitales y centros de Atención Primaria).
Esta acción del Gobierno regional coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) de la Orden de la Consejería de Sanidad, que rebaja a recomendable el uso de estas mascarillas.
El recurso presentado por la Comunidad de Madrid se basa principalmente en dos razones. Por un lado, consideran que el Gobierno central tomó esta iniciativa sin el necesario acuerdo de las Comunidades Autónomas, incumpliendo así la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Además, argumentan que la situación de urgente necesidad que alegó el Ministerio de Sanidad para imponer esta medida no existía, ya que los datos de incidencia de la gripe, el COVID y otras enfermedades respiratorias no eran diferentes a los años anteriores.
La Comunidad de Madrid también ha señalado que esta no es la primera vez que recurre las decisiones del Ministerio de Sanidad. Actualmente, se encuentran pendientes de sentencia dos procedimientos judiciales relacionados con las medidas tomadas durante la pandemia del COVID-19.
Uno de ellos se refiere a la legalidad de la norma que restringía la movilidad en municipios de más de 100.000 habitantes, incluyendo la ciudad de Madrid. El otro recurso impugna el cierre perimetral de la región durante el Puente de San José y Semana Santa.
Con este recurso, la Comunidad de Madrid busca defender su autonomía y garantizar que las decisiones que afectan a su territorio se tomen de forma consensuada con las autoridades regionales.
Asimismo, pretende demostrar que no existen fundamentos sólidos para imponer el uso obligatorio de mascarillas en los hospitales y centros de Atención Primaria, ya que la situación epidemiológica no justifica tal medida.