La Comunidad de Madrid está en pleno proceso de edificación de un nuevo complejo judicial en la localidad de Móstoles, una infraestructura que atenderá a más de 340.000 residentes de los municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y, por supuesto, Móstoles. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso plan de modernización de las instalaciones judiciales en la región, que contempla una inversión superior a los 930 millones de euros (aproximadamente 870 millones de dólares al cambio actual) durante el mandato, destinadas a renovar y ampliar los órganos judiciales existentes.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, realizó una visita a las obras en marcha, que comenzaron el año pasado, y destacó la importancia de este proyecto para la mejora del servicio judicial en la comunidad.

García Martín afirmó que “este nuevo Palacio de Justicia representa un paso decisivo en la modernización de las infraestructuras judiciales de Madrid.

Con una inversión de más de 37,5 millones de euros (unos 35 millones de dólares), se unificarán en un solo edificio las cinco sedes que actualmente operan en Móstoles, lo que facilitará la gestión y el acceso a la justicia para una población tan extensa”.

Este complejo será uno de los más grandes de la región, con una superficie que supera los 35.000 metros cuadrados, convirtiéndose en el segundo mayor después de la futura Ciudad de la Justicia en Madrid capital. La construcción está diseñada para cumplir con los más altos estándares de accesibilidad universal, permitiendo que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia sin obstáculos.

Se prevé que las obras concluyan en el primer semestre de 2027, tras un período de ejecución de aproximadamente 32 meses.

El nuevo edificio albergará los 25 juzgados actualmente en funcionamiento y contará con espacio reservado para otros siete en caso de que sea necesario ampliar en el futuro.

Entre sus instalaciones, destacarán una sala para macrocausas, espacios multiusos, salas de vistas con jurado popular, una cámara Gesell para la declaración de menores y personas vulnerables, además de un servicio de guardería destinado a facilitar la conciliación laboral y familiar de los profesionales del sector.

En el contexto histórico, cabe señalar que la región de Madrid ha sido tradicionalmente uno de los territorios con mayor carga judicial en España, con un crecimiento constante de casos y de población en las últimas décadas.

La inversión en infraestructuras judiciales no solo busca reducir los tiempos de resolución de los procesos, sino también mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector y garantizar un acceso más equitativo a la justicia para toda la ciudadanía.

Supuestamente, esta iniciativa forma parte de un plan estratégico que, en el pasado, también incluyó la digitalización de los procedimientos judiciales y la implementación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos judiciales.

Todo ello en un contexto donde las infraestructuras y recursos judiciales en muchas regiones del país han quedado obsoletos, generando retrasos y dificultades para la ciudadanía.

La Comunidad de Madrid, con esta inversión, pretende situarse a la vanguardia en la modernización del sistema judicial en España, promoviendo un modelo más eficiente y accesible para todos.

La culminación de estas obras supondrá un avance significativo en la prestación de un servicio público esencial y reforzará la posición de Madrid como una de las comunidades más desarrolladas en materia de justicia y administración pública.