La Comunidad de Madrid ha abordado recientemente la situación de su sector energético en una reunión del Consejo de Gobierno, donde se ha presentado un informe exhaustivo que subraya la necesidad de actualizar el marco normativo de la región.

Este cambio busca mantener el liderazgo de Madrid en el ámbito de la seguridad energética dentro de España. Uno de los principales objetivos de esta actualización es simplificar los procedimientos de autorización, verificación e inspección de las instalaciones de energía eléctrica de alta tensión.

Se espera que estas modificaciones faciliten a las empresas la conexión a la red, permitiendo un suministro más rápido y eficiente.

El análisis ha sido elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y resalta la inquietud ante la futura planificación energética estatal 2025/30, instando a que esta se base en criterios técnicos y no políticos.

Esta preocupación radica en el potencial impacto negativo que estas decisiones pueden tener sobre el desarrollo económico de la región y en la garantía del suministro para nuevos proyectos tanto residenciales como industriales, así como para centros de datos y otros servicios públicos esenciales.

Un dato significativo que se menciona en el informe es que Madrid se ha consolidado como líder en la gestión de fondos europeos destinados al sector energético, contando con una asignación total de aproximadamente 660 millones de euros, lo que representa el 15% del total disponible para las comunidades autónomas.

De esta cantidad, ya se han concedido más de 81,7% de los fondos, superando la media nacional en 13,5 puntos. Entre los programas destacados que se financian con estos recursos están el Plan Moves II y III, además de iniciativas para ayudas a energías renovables y mejoras energéticas en edificaciones.

Por otra parte, el informe aboga por la continuidad de las cinco centrales nucleares que siguen operativas en España. La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha resaltado en diversas ocasiones la importancia de estas instalaciones, no solo por la generación de energía, sino también por su rol en la empleabilidad, dado que crean aproximadamente 30,000 puestos de trabajo en la región.

Además, se reconoce que la energía nuclear, calificada como "verde" por la Unión Europea en 2022, contribuye a la reducción de emisiones de CO₂, hasta cerca de 30 millones de toneladas anualmente, apoyando así los objetivos de sostenibilidad.

El cierre programado de estas plantas por parte del Gobierno central podría acarrear consecuencias severas, como un aumento del 23% en la factura eléctrica para hogares y pequeñas empresas, y hasta un 35% para la industria.

Asimismo, podría comprometer la estabilidad del suministro eléctrico en momentos de alta demanda, lo que se ha evidenciado en temporadas anteriores. Por todas estas razones, la Comunidad de Madrid se posiciona firmemente en favor de la continuidad de estas centrales nucleares, resaltando su relevancia para el tejido económico y social de la región.