La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sellado este martes un acuerdo histórico con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual que regirá el periodo 2026-2031.

La firma se llevó a cabo en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, con la presencia también de los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Este texto, al que se ha trabajado de forma intensa con los rectores durante meses, persigue consolidar la calidad y la excelencia de las seis instituciones y dotarlas de los recursos necesarios para desarrollar una planificación estratégica de crecimiento, inversiones y servicios.

En definitiva, busca reforzar a Madrid como el principal polo de formación y atracción de talento del sur de Europa.

En total, las seis universidades dispondrán de una financiación media anual de 2.465,1 millones de euros, lo que suma prácticamente 14.790,7 millones para el periodo 2026-2031. De ese total, aproximadamente el 83% llegará a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos. Se trata, además, de la primera vez en la historia que estas instituciones cuentan con una propuesta de financiación plurianual, que incorpora un fondo dirigido exclusivamente a inversiones para modernizar infraestructuras docentes y científicas.

De cara a 2031, se prevé que estas universidades acumulen 549 millones de euros adicionales de la Comunidad de Madrid, y que los fondos específicos experimenten un crecimiento cercano al 41% (unos 480 millones más).

El acuerdo también recoge programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas, y se estima que las universidades podrían obtener ingresos propios cercanos a los 2.500 millones de euros en los años cubiertos por el modelo, siempre sujeto a la ejecución y la supervisión correspondientes.

Peculiaridades de cada institución y mecanismos de reparto El Gobierno autonómico ha entendido las particularidades de cada universidad. Así, habrá dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar déficits en centros que lo precisen, y un fondo adicional que permitirá compensar efectos de la aplicación del nuevo modelo y financiar proyectos singulares con el objetivo de elevar su competitividad.

Sin contar los fondos comunes (financiación por objetivos o la específica para inversiones, entre otros), la distribución prevista para cada institución es la siguiente: la Complutense recibiría 2.914,2 millones de euros en seis años; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros.

La universidad madrileña, en cifras, forma parte de un sistema que se mantiene entre los más relevantes de Europa. Según datos institucionales, está compuesto por 20 centros, entre públicos y privados de alta calidad, ofrece alrededor de 1.800 titulaciones oficiales de Grado, Máster y Doctorado y atiende a más de 300.000 estudiantes, cifra que representa una de las mayores concentraciones universitarias del continente. La demanda de estudiantes internacionales sigue creciendo, con casi 40.000 personas en el curso 2023/24. En ese contexto, las autoridades apuntan que estas cifras, junto con la congelación o reducción de tasas académicas de más de una década, se traducen en la mayor financiación histórica del sistema público madrileño, gracias al nuevo modelo acordado hoy.

Perspectivas y posibles efectos futuros Presuntamente, este marco de financiación plurianual podría favorecer una planificación a largo plazo que garantice inversiones constantes y programadas en docencia, investigación y servicios a la comunidad universitaria.

Se espera que, con la mejora de infraestructuras y la dotación estable, aumente la capacidad de atracción de talento nacional e internacional, y que se fortalezcan las tareas de calidad docente y de investigación aplicada en áreas estratégicas para la región.

Asimismo, algunos analistas señalan, presuntamente, que este tipo de acuerdos podría sentar precedente para otras comunidades autónomas en el país, obligando a valorar modelos plurianuales similares que ofrezcan mayor estabilidad presupuestaria a las instituciones de educación superior.

En cualquier caso, el seguimiento y la rendición de cuentas serán clave: las universidades deberán presentar anualmente una memoria justificativa del destino de los fondos y disponer de un sistema de contabilidad analítica operativo antes de finalizar 2028.

Estas condiciones nacen con el objetivo de asegurar transparencia y resultados tangibles en el uso de los recursos públicos destinada a la formación, la ciencia y la innovación.