La Comunidad de Madrid ha anunciado que, a partir del curso escolar 2025/26, implementará la jornada partida como la norma general en los centros educativos públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial, así como en aquellos autorizados a impartir Educación Secundaria Obligatoria.

Esta decisión forma parte de un proyecto de decreto que busca adaptar la organización escolar a las necesidades actuales de familias y estudiantes.

El Consejo de Gobierno regional ha sido informado de un informe que detalla los principales aspectos de esta normativa, la cual ha superado ya la consulta pública y será sometida próximamente a la aprobación en el Consejo Escolar de la Comunidad.

La iniciativa tiene como meta ofrecer mayor flexibilidad en los horarios escolares, facilitando así la conciliación de la vida familiar y laboral en una región donde, según datos, más del 70% de los hogares tienen ambos progenitores en activo.

Este cambio se enmarca en una serie de esfuerzos históricos por modernizar la educación pública en Madrid. La Comunidad lleva años promoviendo reformas que buscan mejorar la calidad educativa, reducir las tasas de absentismo y ofrecer a las familias mayor capacidad de elección.

La adopción de la jornada partida responde también a la tendencia en varias regiones españolas, donde se busca optimizar el uso de los recursos y adaptarse a las demandas sociales.

El decreto se dividirá en dos partes fundamentales. La primera establece que la organización del horario en estos centros será en dos sesiones, la de mañana y la de tarde, separadas por un intervalo de aproximadamente dos horas.

Además, en los meses de septiembre y junio, los centros podrán optar por una jornada continuada, facilitando aún más la disponibilidad de las familias.

La excepción serán aquellos centros que, en el momento de su entrada en vigor, ya tengan aprobado un horario continuado, que mantendrán sin cambios.

La segunda parte del decreto regula el procedimiento para que los colegios que deseen cambiar a la modalidad de jornada partida puedan solicitarlo de manera sencilla.

La normativa prioriza la participación activa de las comunidades educativas, estableciendo que la solicitud deberá ser apoyada por al menos un tercio de los miembros del Consejo Escolar, que está conformado por padres, profesores, personal de administración y servicios y representantes municipales.

Con anterioridad, se requería que la petición tuviese el respaldo de dos tercios del Consejo, con mayoría en tanto de profesores como de padres.

Asimismo, el proceso de votación será más flexible, permitiendo la participación presencial, por correo o mediante plataformas telemáticas. Para que la modificación sea aprobada, basta con que la mayoría de las opiniones favorables sean las que prevalezcan, suprimendo así la antigua exigencia de obtener dos tercios del censo electoral del centro.

En un contexto más amplio, esta iniciativa refleja la tendencia en varias comunidades autónomas españolas que buscan modernizar su sistema educativo y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI.

La región madrileña, con una población que superaba los 6,6 millones de habitantes en 2023, continúa invirtiendo en políticas educativas que fomenten la calidad, la igualdad y la conciliación laboral, aspectos esenciales para el bienestar social y el desarrollo económico.

Esta reforma, si se aprueba definitivamente, podría beneficiar a miles de estudiantes y sus familias, facilitando una gestión más flexible del tiempo y promoviendo mejores condiciones tanto en el ámbito educativo como en el laboral.