En una nueva jugada para simplificar la vida de quien genera empleo en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso está cerrando la redacción de una Ley contra la Hiperregulación.

Su objetivo es clara: quitar peso a la carga burocrática que hoy entorpece a autónomos, pymes y a grandes empresas por igual. La idea es que la administración, cuando regula, no lo haga para complicar, sino para ordenar y facilitar la actividad; y que esa orden se parezca a como funciona la fiscalidad: justa, atractiva y con incentivos para invertir y crear empleo.

La medida se suma a una dinámica de años en la que Madrid ha ido suprimiendo normas para aligerar trámites. En los últimos ejercicios se han eliminado 540 normas, y solo en 2025 fueron 202 las eliminadas. Es un dato que los responsables regionales destacan para defender que se puede gobernar con menos trabas sin perder control ni calidad en servicios. Ayuso, durante su intervención en la sexta edición de Wake Up Spain, Wake Up Europe, organizada por El Español en la Casa de América de Madrid, dejó claro que no se trata de quitar reglas por quitar, sino de eliminar la burocracia innecesaria que apaga el empuje.

Para la jefa del Ejecutivo, la primavera de 2026 llega con un mensaje: no se puede dejar que cada trámite, cada informe y cada permiso sea un muro que la gente tenga que escalar para sacar adelante un proyecto.

La futura Ley contra la Hiperregulación pretende ser una herramienta que, en palabras de Ayuso, sirva para que autónomos, pymes y grandes compañías trabajen codo a codo sin estrangularse entre papeles.

Este tipo de regulación no debe ser un castigo sino un motor para competir y crecer, añadió en su discurso.

El planteamiento encaja con la identidad económica de Madrid, que sigue defendiendo una economía menos gravosa y más libre para invertir. Madrid se ha consolidado como el corazón económico de España, aportando casi 20% del PIB nacional. Esa posición no llega por casualidad: políticas basadas en impuestos bajos, libertad económica y estabilidad institucional han hecho que la región sea atractiva para inversión, trabajadores y proyectos de todo tipo.

El propio discurso de Ayuso recalca que un marco regulatorio razonable y previsible acompaña esa estrategia de crecimiento, algo que en el pasado ha sido clave para que muchas empresas escojan Madrid como base de operaciones.

Además, la responsable regional suele recordar que la simplificación regulatoria debe ir acompañada de salvaguardas que garanticen derechos y seguridad jurídica.

La idea es que menos papel no signifique menos calidad, sino un sistema que funciona de forma limpia, rápida y eficiente para quien crea riqueza y empleo.

Mientras tanto, la presidenta y su equipo insisten en que la reducción de normas no es una ocurrencia aislada sino una línea estratégica de gobierno que quiere situar a Madrid en la vanguardia de la competitividad en España y en la Unión Europea.

Históricamente, la discusión sobre simplificar trámites ha sido recurrente en España. Ya antes de 2000 se promovían reformas para hacer más amable la relación entre ciudadanos y administración, y en los últimos años la agenda regional madrileña ha puesto el músculo en esa dirección.

En ese sentido, la propuesta que ahora se prepara no solo mira al día a día de empresarios, sino que se apoya en una tradición de buscar marcos regulatorios que no asfixien la iniciativa, sin perder control ni seguridad.

Con ese marco, Madrid busca reforzar su papel de motor económico, una tarea que, a ojos de muchos, ha permitido que la región lidere con claridad las cifras de crecimiento y empleo en el conjunto del país durante la última década.