El Consejo de Gobierno autoriza un acuerdo marco de 30,8 millones para equipar aulas de Primaria y Secundaria, bibliotecas, laboratorios, comedores y escuelas infantiles. Durará dos años, prorrogable otros dos, y se divide en diez lotes.
La Comunidad de Madrid va a destinar 30,8 millones de euros a comprar y reponer el mobiliario de los centros educativos públicos no universitarios. En cristiano: colegios de Primaria, institutos de Secundaria, escuelas infantiles y otros espacios docentes que dependen de la administración regional.
El Consejo de Gobierno ha autorizado el acuerdo marco que permitirá equipar estos centros. Un acuerdo marco, para que se entienda, es un contrato general que deja fijadas las condiciones y los precios para que después se puedan encargar los muebles según las necesidades, sin tener que abrir un expediente nuevo por cada compra.
El contrato tendrá una duración inicial de dos años y se podrá prorrogar por otros dos. Es decir, como máximo estaría vigente cuatro años. La idea es que los centros puedan ir pidiendo lo que necesiten durante ese tiempo. El acuerdo se divide en diez lotes, que son grupos de productos, para facilitar la adquisición de mobiliario según lo que requiera cada centro. Esa división permite comprar de forma más ajustada y no meterlo todo en un paquete único.
El mobiliario no es solo para las aulas de clase. El acuerdo incluye artículos para aulas específicas, despachos y zonas de uso común. También permitirá equipar bibliotecas, laboratorios, comedores, escuelas infantiles y otros espacios docentes. Hablamos de mobiliario: mesas, sillas y elementos similares para que los colegios e institutos públicos funcionen. El presupuesto contempla tanto la incorporación de nuevos elementos como la sustitución de aquellos que estén deteriorados o hayan llegado al final de su vida útil.
Es decir, no solo se compra para centros nuevos: también se repone lo que ya no da más de sí por otros de características y funciones similares.
La cantidad de material previsto se ha calculado teniendo en cuenta las necesidades de escolarización y la construcción o ampliación de centros. Esto significa que la Consejería ha mirado cuántos alumnos hay que atender y qué obras o ampliaciones están previstas. Para determinar la inversión, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha tomado como referencia los precios de mercado. En esa referencia se incluyen los gastos de transporte y embalaje, de modo que el coste no se quede corto por los extras habituales.
En la práctica, la Comunidad de Madrid fija así un marco para amueblar la educación pública no universitaria durante los próximos años. El dinero público se destina a equipar aulas y dependencias, con la posibilidad de sustituir material viejo o roto. El contrato se organiza por lotes para que las compras se adapten a las necesidades de cada centro y no se compre a ciegas. La autorización del Consejo de Gobierno es el paso que permite poner en marcha este acuerdo marco de 30,8 millones de euros.