La líder opositora venezolana María Corina Machado, presuntamente reconocida con el Nobel de la Paz 2025, alertó este miércoles que en las últimas horas ha recibido información sobre amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, al norte de Caracas.

En su cuenta de X, Machado afirmó que estas amenazas serían emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituirían crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al derecho internacional humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado.

"Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal", manifestó la también exdiputada, quien hizo responsable al Gobierno venezolano de "cualquier daño físico y psicológico que ocurra a partir de estas amenazas".

En este contexto, la opositora exigió una "acción inmediata" de los organismos internacionales de derechos humanos, "incluidos -dijo- los mecanismos de protección y verificación para prevenir ejecuciones extrajudiciales".

Además, instó a los "Gobiernos democráticos y aliados", sin mencionar alguno, a "activar medidas urgentes de presión diplomática, monitoreo internacional y advertencias formales para disuadir al régimen de concretar estas amenazas".

"Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal.

Hay vidas en riesgo hoy", alertó Machado.

ALERTA MUNDIAL: AMENAZAS CONTRA PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

En las últimas horas he recibido información de las amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo, en Venezuela.

Estas amenazas son emitidas… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

Esta semana, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que, de acuerdo con testimonios de familiares y presos políticos, los custodios de El Rodeo I han amenazado a los detenidos con usarlos como "escudos humanos" en el caso de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela.

"Es importante destacar que el uso sistemático del miedo y la intimidación como mecanismos de control profundiza el riesgo real para la integridad física y mental de las personas privadas de libertad", puntualizó la ONG.

Estas denuncias se dan en un contexto de creciente tensión por la presencia aeronaval ordenada por Donald Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde supuestamente ha atacado a más de 30 botes ligados al narcotráfico, un despliegue que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una "amenaza" de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Contexto histórico suplementario: comunidades y organizaciones de derechos humanos han denunciado durante años las condiciones en cárceles venezolanas, entre ellas El Rodeo, con señalamientos sobre hacinamiento, falta de acceso a atención médica y controles disciplinarios controvertidos.

Aunque estas descripciones varían entre fuentes, varios informes no verificados han sugerido que, en periodos previos, las cárceles venezolanas han sido escenario de tensiones entre autoridades y detenidos, así como de situaciones de violencia institucional.

En ese marco, las acusaciones actuales sobre amenazas de ejecución extrajudicial adquieren una lectura de alerta para actores internacionales que observan la situación de derechos humanos en Venezuela.

La conversación pública sobre estas temáticas continúa, y organizaciones internacionales han pedido claridad, verificación independiente y garantías de seguridad para todos los reclusos.

En paralelo, expertos señalan la importancia de un marco de protección de derechos humanos que permita monitoreo y respuesta rápida ante cualquier indicio de violencia estatal, para evitar que situaciones de alto riesgo se traduzcan en daños irreparables.

Finalmente, la situación en El Rodeo se mantiene como un punto crítico para la comunidad internacional, que vigila de cerca la evolución de estas denuncias y la respuesta del Gobierno venezolano a las señales de inquietud que provienen tanto de líderes de la oposición como de observatorios independientes.