La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la designación de Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, una decisión que sitúa a la joven funcionaria al frente de una cartera clave para la promoción del país como destino y para la reconfiguración de la imagen internacional del gobierno de transición.

Cabello es hija del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, lo que ya fue subrayado por Rodríguez en un mensaje difundido a través de la plataforma Telegram.

Con este movimiento, Rodríguez continúa un proceso de reorganización del gabinete que también ha incluido cambios en Transporte, Comunicación, Ambiente, Salud y en el Despacho de la Presidencia, además de ajustes en mandos militares.

En la tarde del mismo día, la mandataria interina agradeció a Leticia Gómez, quien ejercía como ministra de Turismo, por su labor al frente de la cartera y sostuvo que Venezuela está «abierta al mundo» para atraer inversiones y socios estratégicos.

Desde que asumió la jefatura de estado interina el 5 de enero, Rodríguez ha ido anunciando nombramientos de relevancia y un nuevo conjunto de titulares en varias dependencias, según lo difundido por el Ejecutivo en transmisiones oficiales y en mensajes institucionales.

Ese mismo 5 de enero, Rodríguez informó la designación de Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, como nuevo vicepresidente de economía sectorial, en lo que algunos analistas ven como un intento de reforzar la coordinación económica en un periodo de crisis y transición.

En paralelo, la jefa de Estado destituyó al jefe de Seguridad de Maduro, mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López, quien pasará a encabezar la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Estos movimientos forman parte de un conjunto de medidas para reorganizar la estructura de seguridad y la gestión de la Presidencia durante la gestión interina.

La juramentación de Rodríguez ante la Asamblea Nacional se produjo tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida en un contexto de operaciones de Estados Unidos en la región.

A partir de ese momento, el gobierno encargado afirmó estar trazando una ruta para restablecer puentes con Washington y actualizar las relaciones bilaterales.

Entre las señales que el gobierno interino ha planteado, destaca la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera y la promesa de explorar acuerdos para facilitar la comercialización de crudo hacia Estados Unidos.

Aunque estos anuncios han sido difundidos por fuentes oficiales, varios analistas señalan que se trata de una estrategia de reconfiguración de alianzas y de legitimación internacional en medio de una crisis político-institucional.

Supuestamente, el gobierno habría pactado contratos para el sector petrolero con un valor estimado en torno a 322 millones de euros, vinculados a operaciones de suministro y promoción turística asociadas a la exportación de recursos.

Este monto se cita en informes no oficiales y no ha sido publicado en documentos gubernamentales de acceso público, por lo que podría estar sujeto a revisiones o a condiciones de mercado.

Presuntamente, la intención de estas medidas es, entre otros objetivos, diversificar las alianzas regionales y reforzar la capacidad de promoción turística del país, así como garantizar un entorno más predecible para la inversión extranjera en sectores estratégicos.

En un contexto histórico, cabe recordar que desde la década de los años 2000 el sector público venezolano ha buscado convertir al turismo en un pilar complementario de la economía, mientras PDVSA ha sido eje de la política exterior y energética.

Expertos señalan que la actual reorganización intenta dar una imagen de estabilidad frente a la crisis institucional, aunque permanece la incertidumbre sobre la duración y alcance real de estos cambios.

En resumen, la llegada de Daniella Cabello a Turismo, sumada a los cambios en economía, seguridad y otros ministerios, marca un intento de la administración de transición por consolidar una narrativa de continuidad institucional y apertura selectiva, al tiempo que la relación con Estados Unidos permanece como un eje estratégico de negociación y de legitimidad internacional.

Supuestamente, el próximo lapso podría traer más anuncios sobre acuerdos bilaterales y nuevas medidas de inversión, pero todo dependerá de la dinámica interna y de las condiciones regionales.