El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado mediante sus redes sociales que su administración tomará medidas inmediatas para detener la financiación federal a organizaciones no gubernamentales presuntamente implicadas en disturbios y manifestaciones violentas.

La decisión llega en un momento en que el Congreso debate una resolución que busca regular y limitar el financiamiento a estos grupos, pero Trump ha decidido actuar de manera unilateral.

Supuestamente, esta orden se basa en la acusación de que ciertos grupos radicalizados utilizan fondos públicos para promover la violencia y el caos en diferentes ciudades del país.

En su publicación en Truth Social, el exmandatario declaró: "He instruido a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicales, independientemente de la legislación que se apruebe en el Congreso".

La medida busca cortar de raíz la supuesta financiación que, según el exmandatario, se emplea para incitar disturbios, incendiar propiedades y destruir comunidades.

El líder republicano afirmó que estos grupos, que no identificó por nombre en su mensaje, emplean el dinero público para generar conflictos, y una vez lograda la destrucción, solicitan fondos adicionales para ayudar a la reconstrucción.

"¡No más dinero para estos grupos!", concluyó en su mensaje, generando un intenso debate en la esfera política y social.

En particular, el legislador Kevin Kiley, representante de California, ha sido uno de los principales impulsores de una propuesta que busca prohibir que organizaciones involucradas en disturbios ilegales reciban financiamiento federal o beneficios fiscales.

La iniciativa también propone endurecer las penas por agresión a agentes federales y obstaculización de las operaciones de inmigración y ley en general.

Supuestamente, una de las organizaciones bajo la mira es la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). Kiley señaló que, tras las protestas recientes en Los Ángeles contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se descubrió que esta ONG habría recibido aproximadamente 30 millones de euros en fondos estatales.

El representante aseguró que, supuestamente, CHIRLA transmitió en tiempo real las ubicaciones de las operaciones del ICE, participando activamente en la organización de disturbios.

Por su parte, un portavoz de CHIRLA negó cualquier implicación en las protestas y alegó que la organización no ha violado ninguna ley. Sin embargo, la organización se encuentra bajo investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que, al igual que el Senado, está dominado por los republicanos.

La investigación busca determinar si los fondos recibidos durante la Administración del presidente Joe Biden, entre 2021 y 2025, fueron utilizados para fomentar actividades ilegales o disturbios.

Supuestamente, esta medida de Trump y las investigaciones en curso reflejan una creciente tensión en la política estadounidense, donde la lucha contra las protestas y las organizaciones que las apoyan se ha convertido en uno de los focos principales.

La controversia también pone en evidencia las divisiones profundas en el país respecto a cómo gestionar y regular las manifestaciones públicas y los movimientos sociales en un contexto de polarización política extrema.

La decisión de Trump de cortar fondos de manera unilateral puede tener repercusiones legales y políticas que podrían extenderse en el tiempo, además de influir en la discusión sobre el uso de recursos públicos en actividades controvertidas.

La situación continúa desarrollándose, y tanto los defensores como los críticos están atentos a los próximos pasos que darán las instituciones y los actores políticos involucrados.