El Ministerio de Relaciones Exteriores concluyó una investigación sumaria sobre correos de la misión chilena ante Naciones Unidas. No se hallaron pruebas de incumplimientos y, pese a la polémica, ADICA respaldó a los diplomáticos. El caso dejó preguntas sin respuesta sobre filtraciones y apoyos a candidaturas internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que cerró la investigación sumaria abierta tras la difusión de correos electrónicos de funcionarios de la Misión de Chile ante las Naciones Unidas, y lo hizo dejando claro que no se han encontrado indicios de que se hayan vulnerado las instrucciones de la Cancillería.

En otras palabras, se descartan irregularidades en el actuar de los diplomáticos involucrados y se cierra un episodio que había_elevado la tensión en ámbitos de la política exterior.

El origen de la controversia se remonta a un reportaje de Ex-Ante, que dio a conocer correos electrónicos entre funcionarios de la misión diplomática cercanos a la exembajadora Paula Narváez.

En esos correos se intercambiaba información y se coordinaban reuniones que tenían como telón de fondo la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

Aunque los intercambios eran, en apariencia, normales para un equipo que gestiona una candidatura de alto nivel, lo que llamó la atención fueron las percepciones de que se podrían estar tomando decisiones o dando indicaciones desde Chile para favorecer esa candidatura.

La controversia cobró mayor relevancia porque, el 24 de marzo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró su respaldo a dicha candidatura y ordenó a embajadas y misiones abstenerse de realizar acciones en esa línea.

A partir de ahí, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores abrió una investigación sumaria para aclarar si hubo algún desvío de las instrucciones institucionales.

El anuncio de este cierre llegó meses después de aquel episodio, dejando claro que no hubo hallazgos de incumplimiento de las normas de la Cancillería.

Desde ADICA, la Asociación Diplomática de Carrera, valoraron la resolución y destacaron la rapidez del proceso. En un comunicado, aseguraron que las versiones no corroboradas que circularon sobre una supuesta contravención de instrucciones “no se sustentan” y que la investigación contribuye a resguardar la transparencia y el correcto funcionamiento del Servicio Exterior.

Además, manifestaron su respaldo a los diplomáticos involucrados, a quienes sostienen que se les expuso injustamente.

El excanciller Heraldo Muñoz también respondió al cierre del caso y afirmó que no le sorprendía el resultado. Según Muñoz, la campaña de Bachelet habría contado con apoyo de Brasil y México, coordinado con un grupo asesor de la expresidenta, y que, con la resolución, se deja de lado la supuesta participación de diplomáticos chilenos.

No obstante, dejó en el aire una pregunta clave: ¿quién filtró esas comunicaciones privadas a la prensa?

La resolución, en ese sentido, no acaba con las dudas sobre la filtración y su manejo.

Se abre, al menos, la posibilidad de identificar a la fuente que hizo públicas las comunicaciones privadas de funcionarios ante un organismo tan sensible como la ONU.

Es un tema relevante para la credibilidad de la diplomacia chilena: la línea entre transparencia y confidencialidad, entre la crítica pública y el cuidado de la información sensible, y, sobre todo, qué límites existen para la coordinación de candidaturas internacionales desde las oficinas en el extranjero.

Históricamente, Chile ha buscado posicionarse en foros internacionales con candidaturas y programas que requieren alianzas regionales y globales. Episodios como este influyen en la percepción pública de cómo se manejan esas gestiones y qué tan claras quedan las responsabilidades de cada actor.

En este caso, el cierre de la investigación no borra la pregunta sobre la filtración, ni la responsabilidad de quienes difundieron contenidos internos.

Tampoco elimina el debate sobre qué tan explícitas deben ser las instrucciones para las embajadas cuando hay candidaturas tan sensibles, ni la necesidad de salvaguardar la seguridad de la información oficial sin sacrificar la transparencia cuando corresponde.

En definitiva, el anuncio oficial cierra un capítulo, pero deja en la mesa un par de cuestiones que la opinión pública seguirá analizando: ¿quién filtró las comunicaciones privadas? ¿qué alcance tuvo la supuesta coordinación entre Brasil, México y el grupo asesor de la expresidenta? Y, sobre todo, ¿cómo se garantiza en el futuro que la comunicación entre la Cancillería y las misiones en el extranjero se mantenga íntegra y adecuada a las órdenes institucionales, sin perder la claridad que exigen los procesos democráticos y la transparencia del Servicio Exterior?