En una jornada que ha estremecido a la política colombiana, la tarde del sábado 7 de junio, el precandidato presidencial Miguel Uribe fue víctima de un atentado en la capital del país.

Un menor de 15 años llegó en motocicleta hasta el lugar de los hechos y le disparó en varias ocasiones, logrando impactarlo en dos ocasiones, una de ellas en la cabeza.

El joven fue detenido en el acto, y durante su captura dejó entrever que habría recibido órdenes de un tercero, del cual aún se desconoce su identidad.

Este hecho ha generado una fuerte condena a nivel nacional e internacional, y ha puesto en evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los actores políticos en Colombia.

El atentado ocurrió en un contexto donde la violencia contra líderes políticos ha aumentado en los últimos años. Colombia, país que ha sufrido décadas de conflicto armado interno, ha logrado avances en paz y estabilidad, pero todavía enfrenta desafíos vinculados con la violencia y el crimen organizado.

La historia del país está marcada por episodios similares, donde atentados contra políticos y dirigentes sociales han sido utilizados como métodos para intimidar y controlar ciertos sectores.

El menor, que se desplazaba en motocicleta, parece no haber actuado solo, ya que las investigaciones iniciales sugieren la posible participación de un tercero que habría ordenado el ataque.

La policía colombiana ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer los hechos y localizar a los autores intelectuales, considerando que este tipo de atentados no solo buscan dañar a una figura política, sino también sembrar temor en toda la sociedad.

En respuesta a la situación, el gobierno colombiano ha anunciado que ofrecerá una recompensa equivalente a aproximadamente 700.000 euros por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue quien difundió la noticia a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde manifestó su rechazo absoluto al ataque y condenó enérgicamente la violencia contra un dirigente político.

"Rechazo total al atentado contra Miguel Uribe, un acto que atenta contra la democracia y la estabilidad del país", comentó.

Asimismo, Sánchez anunció que se ofrecerán hasta 3.000 millones de pesos colombianos en recompensa, lo que equivale a unos 700.000 euros, para quien proporcione datos útiles para la captura de los implicados. Además, ordenó a las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de inteligencia desplegar todos sus recursos para esclarecer el caso con urgencia.

Por su parte, la Fundación Santa Fe, donde actualmente se encuentra internado Uribe tras superar una primera cirugía, no ha brindado aún un informe médico actualizado sobre su estado de salud.

La comunidad política y social del país ha expresado su rechazo y solidaridad con el precandidato, en medio de un clima de incertidumbre y preocupación por la seguridad de los líderes políticos en Colombia.

Este incidente recuerda episodios históricos en los que la violencia política ha marcado el destino del país. Desde los tiempos del conflicto armado, varios líderes han sido víctimas de ataques que buscan silenciar sus voces o intimidar a la oposición. La atención ahora se centra en las investigaciones para identificar a los autores intelectuales y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

En conclusión, la agresión contra Miguel Uribe ha puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad en el escenario político colombiano y ha movilizado a las autoridades en una búsqueda rápida y efectiva para garantizar la justicia y la paz social.

La comunidad internacional también ha manifestado su preocupación por la situación, instando a Colombia a fortalecer sus mecanismos de protección para sus líderes y representantes políticos.

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