El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso que los gravámenes del 10% aplicados recientemente a las importaciones podrían permanecer vigentes sin la intervención del poder legislativo.

Según su mensaje, esos gravámenes son un poco más complejos, pero probablemente mejores, lo que sostiene que conducirá a una solución aún más sólida que antes.

No obstante, el propio texto normativo en el que se apoya para decretar esos gravámenes, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, establece que los aranceles solo pueden permanecer en vigor durante 150 días si el Congreso no da su visto bueno.

Aunque la versión oficial exige aprobación, el mandatario afirmó que no sería necesaria la intervención del Congreso, una afirmación que generó controversia entre analistas y juristas.

Ese mismo día el presidente firmó una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10% apoyándose en esa norma, según informó la Casa Blanca.

Al día siguiente anunció que subiría el gravamen en cinco puntos hasta situarlo en el 15%, aunque por ahora no se ha formalizado mediante un decreto.

El magnate neoyorquino, en su discurso, afirmó que la recaudación procedente de aranceles pagados por países extranjeros podría sustituir, presuntamente, al sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando la carga financiera de la gente a la que él llama su gente.

El fallo de la Corte Suprema, con 6 votos a 3, sostuvo que el presidente excedió su autoridad al aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer los aranceles recíprocos el año pasado y que, para activar esa norma, se requería la autorización del Congreso.

Ese mismo día Trump firmó una nueva orden para ampliar la tasa global en un 10% y, según analistas, la decisión podría tener efectos en la relación de EE.UU. con sus socios comerciales.

Durante la jornada pública, algunos sectores advierten que estas maniobras podrían erosionar acuerdos comerciales y aumentar costos para consumidores y productores.

Otros sostienen que, si se administran con prudencia, podrían permitir una reorganización de la carga tributaria a nivel general. En cualquier caso, las tensiones han puesto de relieve la frágil línea entre herramientas de política económica y límites constitucionales en Washington.

Históricamente, este tipo de debates no es nuevo: ya en los años 30, la adopción del Smoot-Hawley provocó una oleada de represalias y una contracción del comercio mundial; en tiempos recientes, otros mandatarios han usado aranceles como palanca política, con resultados diversos.

En el escenario actual, la Administración ha insistido en que la medida busca equilibrar la balanza comercial y reducir la dependencia de mercados externos, una narrativa que, según analistas, podría estar sujeta a la evolución de la economía mundial y a la presión de los aliados tradicionales.