El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien ejerció el cargo entre los años 2018 y 2020, ha sido condenado a una pena de 14 años de prisión por un tribunal peruano, en un caso que ha generado gran repercusión en la política y sociedad del país.

La sentencia, dictada en un juicio que duró varios meses, señala que Vizcarra recibió más de 2,3 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 540.000 euros, en sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, antes de asumir la presidencia de la República.

Supuestamente, la jueza Fernanda Ayasta, al frente del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, declaró probado que Vizcarra propuso y aceptó una coima de un millón de soles (unos 235.000 euros) de la empresa constructora Obrainsa, a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de irrigación agrícola Lomas de Ilo en 2013. Además, supuestamente, recibió en efectivo otros 1,3 millones de soles (aproximadamente 305.000 euros) de la compañía ICCGSA, destinados a la mejora del Hospital de Moquegua. Las declaraciones de testigos, llamadas por la Fiscalía, corroboraron estos hechos, que quedaron acreditados durante el juicio.

La jueza subrayó que Vizcarra, en su calidad de gobernador regional, cometió actos ilícitos aprovechando su cargo, entregando contratos a cambio de dinero.

Como consecuencia de la condena, además de los 14 años de prisión efectiva con ejecución inmediata, el tribunal ordenó una indemnización equivalente al valor de los sobornos, una multa de 94.900 soles (unos 22.300 euros) y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante nueve años.

Aunque la Fiscalía había solicitado una condena de 15 años, la sala consideró como atenuante que Vizcarra no poseía antecedentes penales previos, lo cual fue tomado en cuenta positivamente en el fallo.

Por su parte, el abogado defensor, Erwin Siccha, anunció que apelará la sentencia en todos sus extremos, incluyendo la ejecución inmediata de la pena.

Minutos después de escuchar la sentencia, Vizcarra compartió un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que afirmó que su condena responde a una venganza y no a una justicia real.

Según sus palabras, "me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso que domina el Congreso del Perú", un conjunto de fuerzas conservadoras que lo destituyeron en 2020.

Supuestamente, estos actores políticos le atribuyen pasados indicios de corrupción, aunque él sostiene que todo fue una estrategia de venganza por cerrar el Congreso en 2019, cuando intentaba impulsar reformas.

En su mensaje, Vizcarra agregó: "No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas." Además, anunció que su hermano, Mario Vizcarra, será su candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2026, y que continuará luchando por el Perú, que, según afirmó, "es primero".

El caso también reveló detalles sobre los pagos en efectivo y contratos ficticios utilizados para movilizar fondos ilegales. La jueza Ayasta afirmó que quedó demostrado que Vizcarra tenía conocimiento de los pagos ilícitos y que incluso se comunicó en 2013 con el exgerente general de Obrainsa, Elard Tejeda, para proponerle una coima de un millón de soles, además del alquiler de una avioneta para trasladar autoridades invitadas de Bolivia a Ilo.

Supuestamente, Tejeda declaró que los pagos por el 2% del monto total del proyecto, que ascendía a 80,9 millones de soles (unos 19 millones de euros), se realizaron en varias partes, incluyendo un pago de 400.000 soles (unos 94.000 euros) por el alquiler de la avioneta.

En el caso del consorcio hospitalario, se evidenció la existencia de contratos ficticios para justificar la movilización de más de 1,3 millones de soles (unos 305.000 euros), dinero que fue entregado mediante pagos en efectivo a través del exministro José Manuel H. y un colaborador cercano de Vizcarra, en su vivienda en Lima. Estos pagos también incluyeron un saldo adicional de aproximadamente 70.000 euros (200.000 soles) cuando Vizcarra ya se encontraba en la Presidencia.

La condena de Vizcarra representa uno de los casos más sonados de corrupción en la historia reciente del Perú, en un contexto donde varios exfuncionarios y políticos han sido investigados por actos ilícitos.

La justicia peruana continúa con una serie de investigaciones y procesos que buscan esclarecer otros posibles casos de corrupción en las élites políticas del país.

La sentencia se produce en un momento en que Perú enfrenta una crisis política profunda, marcada por protestas sociales y una polarización creciente, lo que hace que estos casos de corrupción tengan un impacto aún mayor en la opinión pública.

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