En una sesión extraordinaria celebrada este martes en el Congreso de Perú, la moción de censura presentada contra el presidente interino José Jerí fue aprobada, según las autoridades parlamentarias.

La votación, que coincidió con un clima de tensión en la capital, abre la posibilidad de un nuevo giro en la ya inestable escena política del país, y, para algunos analistas, podría representar el octavo cambio de liderazgo en poco más de una década.

Jerí, de 39 años, asumió la Presidencia en octubre pasado, tras haber ocupado la silla más alta del Estado cuando Dina Boluarte dejó el cargo en 2022.

Su mandato de transición quedó interrumpido de forma prematura, con el objetivo de preparar la apertura de nuevas elecciones previstas para el 12 de abril de este año.

Entre los episodios que han marcado su gestión y que alimentaron las críticas de la oposición, supuestamente se han filtrado varias señales de discrepancias y conflictos de interés.

El mandatario habría sido visto encapuchado el pasado 26 de diciembre al ingresar a un restaurante propiedad de un empresario chino contratado por el Estado y por la propia oficina presidencial.

Este incidente, presuntamente ocurrido para ocultar su identidad, habría generado malestar entre parte de la opinión pública y el entorno institucional.

Además, presuntamente visitó una de las tiendas del mismo empresario el 6 de enero, horas después de que el local fuera clausurado por las autoridades municipales.

A ello se sumaron revelaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que, según las informaciones difundidas, habrían ingresado al Gobierno de Jerí tras haberse reunido aparentemente con él en el Palacio de Gobierno.

Dichos señalamientos han sido objeto de investigaciones y han alimentado las dudas sobre la transparencia de la gestión.

El Parlamento, cuya sede se encuentra en obras y que se halla en receso, tuvo que reunirse de forma extraordinaria en un auditorio del centro de Lima tras lograr las firmas de 78 de los 130 congresistas para celebrar la sesión que tenía como único punto la moción contra Jerí.

En ese marco, la Cámara deberá designar a otro congresista que, en el momento de ser nombrado presidente del Congreso, asumiría automáticamente la presidencia interina del país hasta el 28 de julio de 2026, cuando se prevé que tome posesión el ganador de las elecciones ya convocadas para el 12 de abril de aquel año.

A lo largo de las últimas semanas, Jerí ha estado bajo el escrutinio de la Fiscalía por tráfico de influencias, y también se han difundido informaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones dentro de su gobierno.

Este conjunto de hechos ha reforzado la percepción de una crisis institucional que podría prolongarse mientras se define el nuevo curso político del país latinoamericano.

Desde una perspectiva histórica, analistas y observadores señalan que Perú ha atravesado períodos de inestabilidad política en la última década, con varios cambios de liderazgo y frecuentes disputas entre poderes, lo que ha generado incertidumbre en el marco institucional.

En el plano económico, supuestamente ciertos contratos de obras públicas vinculados al empresario citado podrían haber involucrado montos considerables.

Se estima que podrían oscilar entre 50 y 60 millones de soles, lo que, con un tipo de cambio actual, se traduciría aproximadamente en entre 12,5 y 15 millones de euros.

Estas cifras están sujetas a verificación y no deben entenderse como datos comprobados.

Sea cual sea el resultado de los próximos días, la votación del Congreso representa un hito en la dinámica política de Perú y plantea interrogantes sobre el cronograma electoral, la gobernabilidad y el equilibrio entre poderes.

Los próximos movimientos en el Congreso y las respuestas institucionales serán observados de cerca por la ciudadanía y por la comunidad internacional, que vigilan de cerca la evolución de una situación que podría definir el rumbo del país en los próximos meses.

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