Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria firman en Viena un acuerdo con Kigali para abrir en 2027 un centro al que trasladarán a extranjeros sin residencia legal, incluidos los que hayan visto rechazada su petición de asilo.
Cinco países de la Unión Europea han decidido unir fuerzas para sacar del continente a los inmigrantes que están aquí sin permiso. Se trata de Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria, que han firmado un acuerdo con Ruanda, un país del corazón de África, para abrir allí en 2027 un centro de deportación.
El anuncio se hizo desde Viena y lo presentaron como el primer paso serio para recuperar el control de las fronteras europeas.
La idea, explicada sin tecnicismos, es la siguiente: un extranjero que esté en uno de esos cinco países sin residencia legal, o al que le hayan denegado la petición de asilo, tendrá dos caminos.
El primero, volver por su cuenta a su país de origen. El segundo, ser trasladado a Ruanda, donde podrá recibir un permiso de residencia si no acepta ese retorno voluntario. Es decir, Ruanda hace de escala mientras se completa el proceso de expulsión definitiva, y si la expulsión no llega nunca, el inmigrante se queda allí, no aquí.
Conviene aclarar qué es el derecho de asilo, porque es la clave de todo esto. Es la protección que un Estado da a una persona que huye de su país porque teme ser perseguida o sufrir daños graves. Si esa petición se rechaza, en teoría la persona debe abandonar el territorio, pero en la práctica muchas veces no se puede: el país de origen no siempre acepta el retorno, no hay vuelos, faltan papeles o el proceso se eterniza durante años.
Ahí es donde entra en juego el centro ruandés: los cinco gobiernos quieren tener un lugar al que mandar a esas personas cuando ya no tienen derecho a estar en Europa.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, fue la más entusiasta. Aseguró sentirse "extraordinariamente satisfecha" y habló de "un día que marcará una época para Europa". En su opinión, con este mecanismo se empieza "de verdad" a recuperar el control de las fronteras y arranca una transformación del sistema de asilo actual, que calificó de "insostenible e inhumano", además de una lucha contra las mafias que trafican con personas.
Frederiksen también quiso dejar claro que "nadie huye por diversión" y que hay que ayudar a quien se ve obligado a marcharse, pero prestando esa ayuda en las regiones cercanas a sus países, no dentro de la Unión Europea.
El canciller austriaco, Christian Stocker, calificó el acuerdo de "punto de inflexión histórico" en la política migratoria europea. Por parte ruandesa, el ministro de Interior, Vincent Biruta, defendió la colaboración con un argumento parecido: "la migración incontrolada no beneficia ni a los países de origen ni a los de destino".
Biruta explicó que su gobierno podrá dar permisos de residencia a los deportados y presentó Ruanda como "un país con ambición económica" que quiere construir "una sociedad inclusiva" y ofrecer una oportunidad a quienes han visto rechazada su solicitud de asilo.
No es la primera vez que se intenta algo así. El Reino Unido, bajo el gobierno de Boris Johnson, firmó en 2022 un acuerdo con Ruanda para enviar allí a los solicitantes de asilo. El primer vuelo fue bloqueado en junio de ese año por un tribunal europeo y el plan quedó en el aire durante años, entre recursos judiciales y normas de emergencia aprobadas por el Ejecutivo de Rishi Sunak.
Finalmente, el primer ministro laborista Keir Starmer lo derogó nada más llegar al poder en julio de 2024. Dinamarca, por su parte, aprobó en 2021 una ley para poder trasladar a solicitantes de asilo a terceros países, aunque hasta ahora no había encontrado ningún socio dispuesto.
Ruanda es un país del este de África, sin salida al mar, con unos 14 millones de habitantes y una de las densidades de población más altas del continente.
Su capital es Kigali y su historia reciente está marcada por el genocidio de 1994, en el que murieron unas 800.000 personas, en su mayoría tutsis. Desde entonces ha reconstruido su economía y se ha convertido en un socio habitual de los países occidentales en materia de migración, algo que organizaciones humanitarias han criticado en repetidas ocasiones.
El acuerdo anunciado en Viena tiene una particularidad jurídica importante: es el primero que negocian países miembros de la Unión Europea con un Estado tercero para externalizar parte de la gestión migratoria.
El Derecho comunitario no lo permitía hasta que los Veintisiete pactaron una reforma para endurecer la política de retornos. Esa reforma salió adelante con el voto en contra de España, precisamente por las dudas legales que generan estos centros de deportación.
Quedan cabos sueltos. Las partes no han concretado cuántas personas serán trasladadas a Ruanda ni cuánto dinero recibirá Kigali por su colaboración. Biruta insistió en que su país no recibirá "mucho dinero" y que tampoco espera que le envíen "miles" de personas. El centro, si nada lo tumba antes, empezará a funcionar en 2027.