Washington – Un informe elaborado por los demócratas del comité de Relaciones Exteriores del Senado revela que, en el último año, el Gobierno de Estados Unidos habría destinado aproximadamente €36,8 millones a la deportación de 300 inmigrantes a países terceros.

La investigación, fruto de diez meses de revisión de acuerdos gubernamentales, indica que estas expulsiones, antiguamente consideradas excepcionales, se habrían sistematizado en la práctica administrativa reciente.\n\nEntre los destinos figuran cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau. De los 300 individuos deportados a terceros países, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en octubre de 2024, y los otros 51 personas, cuya nacionalidad no se especifica en el registro, fueron enviados a otros cuatro países, con la mayor parte yendo a Guinea Ecuatorial y Eswatini.\n\nEl informe critica que en muchos casos EE. UU. podría haber expulsado a estas personas a sus países de origen, y señala que más del 80 % de esos deportados a terceros países, presuntamente, ya ha regresado o está en proceso de hacerlo.

Asimismo, señala que en algunos casos el Gobierno habría pagado para enviar migrantes a terceros países y luego haber vuelto a pagar para enviarlos a su país natal.\n\nLos senadores demócratas advierten de que el Gobierno busca retirar activamente el estatus legal a miles de inmigrantes suspendiendo beneficios como el TPS, algo que presuntamente podría ampliar las deportaciones a terceros países y agravar las tensiones diplomáticas.

El informe concluye que estas operaciones son caras e ineficientes, financian a gobiernos sin supervisión, y eluden el marco legal migratorio, con transparencia limitada en los acuerdos y su implementación.\n\nA modo de contexto, la década reciente ha visto cambios en las políticas migratorias y en el uso de mecanismos de remoción en América Central y África, mientras Washington ha buscado gestionar flujos migratorios y coopera con naciones anfitrionas para contención y repatriación, con costos humanos que, según críticos, no siempre quedan lejos de la mirada pública.

Supuestamente, estas estrategias han generado cuestionamientos sobre su efectividad para desincentivar la migración irregular y su impacto en relaciones bilaterales, así como sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.

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