El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) comunicó este viernes que la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, otorgada en 2021, llegará a su fin el próximo 7 de noviembre.

Esta noticia ha generado preocupación entre aproximadamente 267.000 venezolanos que actualmente residen en Estados Unidos y que, tras una extensión, han podido mantener su estatus legal por unos meses más.

Supuestamente, la decisión de terminar con el TPS se basa en que el gobierno estadounidense debe notificar con al menos 60 días de antelación sobre la finalización de este beneficio, para que los beneficiarios puedan prepararse y buscar alternativas legales o planear su regreso a Venezuela.

En 2021, esta protección fue otorgada en respuesta a la crisis humanitaria y política en Venezuela, que supuestamente ha llevado a millones de venezolanos a buscar refugio en países vecinos y en Estados Unidos.

El plazo adicional concedido por la normativa estadounidense supuestamente proporcionó un respiro a los venezolanos beneficiados, quienes inicialmente tenían que renovar su estatus antes del 10 de septiembre.

Sin embargo, con la extensión, se les da un periodo de gracia para organizar su salida o gestionar otros tipos de permisos que les permitan permanecer en el país sin riesgo de deportación.

El gobierno estadounidense ha instado a los venezolanos afectados a usar la aplicación CBP Home, una plataforma digital que supuestamente facilita la coordinación para quienes decidan abandonar Estados Unidos.

Además, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha señalado en un comunicado que los beneficiarios deben prepararse para un posible regreso a Venezuela si no cuentan con otra base legal para permanecer en territorio estadounidense.

Por otro lado, la estrategia legal para evitar la terminación del TPS está en manos de un juez federal en California, quien evalúa una demanda presentada por un grupo de venezolanos afectados y la Alianza TPS.

La demanda argumenta que la decisión del gobierno de terminar con el amparo migratorio es supuestamente ilegal y viola derechos constitucionales, buscando proteger a unos 250.000 venezolanos beneficiados en 2021 y otros 350.000 que recibieron extensiones en 2023.

Históricamente, el TPS ha sido utilizado por Estados Unidos como una herramienta para ofrecer protección temporal a países en crisis, aunque su uso ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años.

La Administración Biden, en particular, ha continuado esta política, aunque supuestamente bajo presiones para limitar la duración de estos beneficios.

Se estima que, en el contexto latinoamericano, millones de venezolanos han llegado a Estados Unidos en busca de estabilidad y mejores condiciones de vida.

La crisis en Venezuela, que comenzó a agravarse en 2014, ha supuesto supuestamente una de las migraciones más grandes en la historia reciente del continente, con un impacto social, económico y político que todavía se refleja en la región.

Mientras tanto, los afectados por la terminación del TPS enfrentan una situación incierta, con la posibilidad de retornar a un país que supuestamente aún atraviesa una profunda crisis o de buscar otras vías legales para permanecer en EE.UU. ante la amenaza de quedar en situación irregular. La decisión final del juez en California será crucial para determinar el futuro de estos migrantes y el alcance de las políticas migratorias en los próximos meses.