El pasado miércoles, el Gobierno argentino dio a conocer un conjunto de modificaciones en su normativa migratoria que impactarán significativamente en la forma en que los extranjeros acceden a la residencia, los servicios de salud y la educación en el país.

Estas reformas, impulsadas por el presidente Javier Milei, buscan fortalecer el control en las fronteras y proteger los derechos de los ciudadanos argentinos.

El anuncio fue hecho por Manuel Adorni, portavoz oficial del Ejecutivo, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada. En ella, explicó que las nuevas medidas se implementarán mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.

La iniciativa apunta a crear un país más ordenado, con fronteras más seguras y una política migratoria más estricta.

Una de las principales modificaciones será el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia en Argentina. Se establecerán criterios más rigurosos y se ampliarán las causas para la expulsión de migrantes, incluyendo delitos y conductas que previamente no eran considerados como motivos de expulsión.

Además, se reforzará la expulsión de aquellos que cometan delitos, sean en flagrancia o por violar el sistema democrático, y se prohibirá su reingreso si ingresaron con documentación falsa.

El portavoz afirmó: “La doctrina garantista ha provocado desórdenes en temas migratorios, y en Argentina no podemos permitir que delincuentes, ocupas u oportunistas ingresen sin restricciones.

La prioridad es proteger a la población y mantener el orden en las fronteras”.

En línea con estas políticas, también se eliminará la gratuidad en la atención médica para extranjeros no residentes. La medida, que ya se ha aplicado en provincias como Salta, busca reducir el llamado ‘turismo sanitario’. Según Adorni, en Salta esta acción logró disminuir en un 95 % la atención a extranjeros y generó un ahorro cercano a los 60 millones de pesos argentinos, aproximadamente 53000 euros.

“Nos despedimos de los tours sanitarios, que en Argentina se han vuelto un problema social y económico”, afirmó.

Por otro lado, las universidades nacionales tendrán la facultad de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no residan en el país. Cada institución podrá decidir si implementa estos cobros, ya que gozan de autonomía. El vocero resaltó que “uno de cada tres estudiantes de Medicina en Argentina es extranjero”, y que esta medida permitirá fortalecer las finanzas de las instituciones educativas.

Estas reformas forman parte de la estrategia del gobierno de Milei para fortalecer el control en las fronteras, priorizar los derechos de los argentinos en áreas como salud y educación y reducir los efectos de la migración irregular.

La política migratoria busca también desalentar los llamados ‘tours sanitarios’ y promover una mayor responsabilidad en el acceso a los recursos públicos.

Históricamente, Argentina ha sido un país de gran afluencia migratoria, especialmente en las décadas pasadas, con olas de inmigrantes provenientes de Europa y América Latina.

Sin embargo, en los últimos años, las políticas migratorias han variado según los gobiernos, desde políticas de apertura en el siglo XX hasta medidas más restrictivas en tiempos recientes.

La actual administración busca ahora un equilibrio que permita cuidar las fronteras sin dejar de lado los derechos humanos.

En resumen, estas reformas migratorias representan un cambio sustancial en la política del país, con un enfoque más restrictivo en la residencia, el acceso a la salud y la educación para extranjeros, en línea con la visión del gobierno de Milei de un país más ordenado y seguro.