El Parlamento de Ghana ha aprobado por segunda vez el Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025, una norma que endurece las sanciones contra la comunidad LGBTQ+.

Entre sus puntos clave figura que mantener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo puede conllevar hasta tres años de prisión, y que financiar, promover o patrocinar actividades relacionadas con la diversidad sexual y de género puede acarrear entre tres y cinco años de cárcel.

Además, la ley establece la obligación de denunciar ante la policía o las autoridades cualquier acto que la normativa considere ilegal.

La iniciativa ya había sido aprobada en 2024 durante el gobierno del expresidente Nana Akufo-Addo, pero fue objeto de recursos judiciales y no llegó a promulgarse.

En esta nueva versión los legisladores introdujeron cambios que excluyen de las sanciones a determinados profesionales. Así, quedarían fuera de responsabilidad los periodistas y medios de comunicación que informen sobre temas relacionados con la comunidad LGBTQ+, los abogados que brinden representación legal y los profesionales de la salud que presten atención médica o psicológica a estas personas.

La aprobación generó críticas desde la oposición, que sostiene que las enmiendas demuestran que el texto original tenía deficiencias. Defensores de derechos humanos y organizaciones religiosas también expresaron preocupaciones sobre el alcance de la norma y su impacto en la vida diaria de las personas, incluyendo su libertad de expresión y el acceso a servicios médicos y legales.

Contexto histórico y político: Ghana es una democracia con elecciones periódicas desde hace décadas, y la discusión sobre los derechos de las personas LGBTQ+ ha estado marcada por tensiones culturales, religiosas y políticas.

Aunque la Constitución de 1992 garantiza libertades y derechos, la protección de la diversidad sexual ha sido un tema especialmente sensible y polarizante.

Proponentes de la ley dicen que buscan defender lo que llaman valores familiares tradicionales y un marco de convivencia social; críticos señalan que la medida apunta a limitar derechos fundamentales y promover una visión conservadora de la sociedad.

Este episodio se sitúa en un marco regional de debates y, en algunos casos, de endurecimiento de normas sobre cuestiones de orientación e identidad sexual.

Los analistas señalan que, más allá de las penalizaciones, el tema afecta a periodistas, médicos y a la población en general, pues puede influir en la cobertura informativa, en la prestación de servicios de salud y en la apertura de espacios de discusión pública.

En Ghana, como en otros países de la región, la confrontación entre grupos conservadores y defensores de libertades personales continúa marcando la agenda política y social, con miras a las próximas elecciones.

En síntesis, la ley supone a la vez un endurecimiento de las sanciones y una modificación que busca atenuar su aplicación a ciertos profesionales, pero mantiene un marco que, para muchos, restringe libertades fundamentales y añade una obligación de denuncia como mecanismo de control social.

El debate, lejos de haber terminado, promete nuevos acontecimientos legales y políticos en los meses venideros.