Un aspirante republicano a la gobernación de Florida, James Fishback, presentó una iniciativa que ha encendido el debate público: imponer un impuesto del 50% sobre los ingresos de las personas que trabajen como modelos de OnlyFans y residan en Florida.

La medida, que el propio Fishback ha denominado un 'impuesto al pecado', busca, según su razonamiento, desincentivar conductas que se consideran inmorales y, a la vez, generar recursos para financiar programas estatales.

Aunque la propuesta fue anunciada en distintos foros y entrevistas, aún no se ha convertido en legislación y enfrenta un camino complejo en la Asamblea de Florida.

Supuestamente, la idea se sostiene en la premisa de que ciertas actividades en plataformas digitales de alto rendimiento deberían contribuir de manera significativa al gasto público en áreas sensibles para la sociedad.

Según Fishback, en declaraciones recogidas en el pódcast NXR, la medida no sólo pretende recaudar sino también actuar como un freno económico para lo que él describe como una dinámica de explotación y consumos desordenados en línea.

El planteamiento ha generado un amplio ecosistema de respuestas, desde analistas fiscales hasta organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras de plataformas digitales, que señalan que una tasa tan elevada podría tener efectos adversos en la economía local y en la libertad de emprendimiento.

En este marco, el dinero recaudado, supuestamente, se destinaría a financiar la modernización del sistema educativo, a apoyar centros de crisis para mujeres en situaciones de embarazo y a la creación de un primer “zar” estatal enfocado en la salud mental de los hombres.

El propio Fishback, de 31 años y al frente de Azoria Partners, ha indicado que la recaudación podría ascender a cientos de millones de euros, una cifra que, si se cumple, tendría un impacto notable en el presupuesto del estado.

Sin embargo, este extremo está sujeto a debates sobre la viabilidad de cobrar un impuesto tan alto y sobre cómo se aplicaría a residentes que trabajan desde casa y de forma global, así como a posibles efectos de migración laboral hacia otros estados.

Supuestamente, la propuesta también pretende desalentar la presencia de la plataforma en Florida y trasladar su actividad a mercados vecinos.

En lo que respecta al panorama local, Miami es reseñada como la llamada 'capital' de OnlyFans en Estados Unidos, por contar con una densidad de 1.110 creadores por cada 100.000 habitantes, la mayor proporción del país. Además, la ciudad aparece como la cuarta con mayores gastos relacionados con la plataforma, con un desembolso estimado de 374.921 dólares por cada 10.000 residentes en 2025. Aplicando la conversión a euros, serían aproximadamente €344.927 por cada 10.000 habitantes. Orlando, también en Florida, ocupa la segunda posición en gasto, con 466.430 dólares por cada 10.000 residentes, lo que equivale a unos €429.116.

A nivel nacional, Estados Unidos fue el país con mayores ingresos destinados a la plataforma en 2025, con un total que se aproxima a 2.637 millones de dólares; en términos europeos, eso se traduciría aproximadamente en €2.43 mil millones. Estos datos, extraídos de análisis de la industria y de informes de plataformas de monitoreo, subrayan el peso económico que maneja el fenómeno en determinadas regiones del país.

Las reacciones ante la propuesta han sido mixtas. Modelos establecidas en Florida, como Sophie Rain, que publicó ingresos significativos en 2024, han criticado la iniciativa. Rain afirmó que Florida es una referencia para la plataforma y cuestionó la viabilidad de expulsar a las creadoras del estado, advirtiendo que una medida así podría empujar a las trabajadoras a cambiar de jurisdicción sin resolver, de fondo, los problemas que se pretende abordar.

A su vez, algunos analistas señalan que la idea podría tener efectos de desincentivo económico y presión sobre la innovación en contenidos digitales.

Históricamente, el concepto de 'impuestos al pecado' no es nuevo: diversas jurisdicciones han utilizado gravámenes sobre tabaco, alcohol o apuestas para financiar servicios públicos o para desalentar conductas consideradas socialmente indeseables.

En Florida, como en otros estados, cualquier intento de imponer un gravamen de este tipo a una economía basada en plataformas digitales requeriría un marco legal claro, un sistema de aplicación eficiente y, sobre todo, un consenso político que hoy parece frágil.

En el corto plazo, el debate en torno al supuesto 'impuesto al pecado' de Fishback amplía la conversación sobre fiscalidad, libertad de trabajo en línea y el rol del estado en la regulación de la economía digital, así como sobre cómo distribuir equitativamente los costos y beneficios de un modo que no penalice a las trabajadoras por decisiones personales o de mercado.

En resumen, la propuesta de Fishback no sólo plantea una recaudación potencial para financiar programas públicos, sino que también enciende preguntas de fondo sobre la regulación de plataformas digitales, la autonomía laboral y el papel del gobierno en la gestión de comportamientos considerados morales o inmorales.

El debate continúa, con posiciones que van desde la defensa de mayores ingresos para servicios sociales hasta advertencias sobre impactos económicos y migración de talento digital dentro de un estado tan poblado como complejo como Florida.