El Departamento del Tesoro pone en su lista negra a ocho proveedores de activos digitales que cambiaban riales por criptomonedas para el régimen iraní y la Guardia Revolucionaria, con coordinación con Canadá.
Estados Unidos ha vuelto a apretar las tuercas a la teocracia iraní. El Departamento del Tesoro, el ministerio de Economía y Finanzas de Washington, ha puesto en su lista negra a ocho proveedores de servicios de activos digitales —es decir, firmas que trabajan con criptomonedas y otros activos electrónicos— que ayudaban al régimen de los ayatolás a saltarse las sanciones internacionales y a mover dinero para financiar terrorismo.
La medida no es un aviso: esas empresas quedan señaladas por Washington y cualquier operación con ellas entra en terreno pantanoso.
Según el comunicado oficial, estas ocho firmas se dedicaban a cambiar riales iraníes y otras monedas por activos digitales. Ese cambio permite que el régimen, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y otros actores ya sancionados puedan meter y sacar dinero de Irán sin pasar por los canales bancarios tradicionales.
Dicho de forma sencilla: convertían dinero normal en criptomonedas para que Teherán pudiera pagar, cobrar o esconder fondos fuera del radar del sistema financiero occidental.
El Tesoro asegura que varias de estas empresas enviaron fondos a cuentas de activos digitales vinculadas al IRGC y a otras actividades terroristas. Muchas también operaban con exchanges de criptomonedas iraníes que Estados Unidos ya había sancionado antes. Algunas cambiaron de nombre y de dirección para no ser detectadas, y todas siguieron funcionando a pesar de que había informes públicos sobre los riesgos que representaban.
Es decir, no eran unos novatos: sabían que estaban en una zona prohibida y, según Washington, continuaron igual.
La operación se enmarca dentro de 'Operation Economic Outcast' (algo así como Operación Paria Económico), una campaña de Estados Unidos para cortar las fuentes de ingresos con las que el régimen iraní financia terrorismo, programas de armamento y a sus grupos aliados en Oriente Medio.
La acción de ahora profundiza el aislamiento económico de Irán y apunta directamente al uso creciente de activos digitales para esquivar sanciones. No es la primera vez: a principios de este año, Washington ya sancionó a exchanges iraníes de criptomonedas que movían dinero para el régimen y para la Guardia Revolucionaria.
El mensaje de fondo es claro: cualquiera, en cualquier parte del mundo, que ayude a Teherán a evadir sanciones se expone a ser castigado. Estados Unidos no habla solo de empresas iraníes, sino de la red internacional que les da cobertura.
La medida se coordinó estrechamente con Canadá, incluida FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera del país norteamericano. Washington y Ottawa comparten el interés en proteger el sistema financiero de Norteamérica de abusos. Además, varias de las empresas sancionadas también lavaban dinero procedente del narcotráfico. Eso demuestra, según el comunicado, que las mismas redes ilegales sirven a Irán y a organizaciones criminales que amenazan la seguridad de las comunidades.
No son compartimentos estancos: el dinero del narcotráfico y el dinero para el régimen acaban pasando por los mismos canales.
Estados Unidos dice que seguirá trabajando con Canadá y otros socios internacionales para exponer estas redes, cerrarlas y evitar que ningún país se convierta en refugio para quienes financian terrorismo o evaden sanciones.
La base legal de estas designaciones es la Orden Ejecutiva 13902, que permite a Washington castigar sectores clave de la economía iraní, incluido el de los activos digitales.
En la práctica, esto significa que las ocho firmas quedan marcadas y que su margen de maniobra se reduce drásticamente.
Para entender el contexto: la Guardia Revolucionaria no es un simple cuerpo militar. Es un pilar del régimen iraní, con enorme poder político, militar y económico. Estados Unidos ya la considera una organización terrorista extranjera desde 2019, y sus cuentas y redes de financiación son objetivo prioritario de las sanciones.
Irán, sometido a un cerco financiero desde hace años, ha ido buscando fórmulas para mover dinero sin usar bancos occidentales. Las criptomonedas se han convertido en una de esas fórmulas. Por eso Washington no solo mira a los bancos: también a los cambistas digitales, a los exchanges y a los intermediarios que hacen posible ese mercado paralelo.
La noticia, en resumen, es que Estados Unidos ha puesto el foco en ocho empresas que hacían de puente entre el rial iraní y el mundo de las criptomonedas.
Les acusa de ayudar a un régimen sancionado a financiar terrorismo, de tratar con exchanges ya prohibidos, de cambiar nombres y direcciones para no ser detectadas y, en varios casos, de lavar dinero del narcotráfico.
La coordinación con Canadá añade un componente regional: no se trata solo de proteger a Estados Unidos, sino de blindar el sistema financiero norteamericano frente a redes que mezclan terrorismo, crimen organizado y evasión de sanciones.