La administración del expresidente Donald Trump, presuntamente con el objetivo de promover sus valores conservadores en el ámbito internacional, ha emitido una serie de directrices que afectan la forma en que las embajadas estadounidenses deben elaborar informes sobre las condiciones de derechos humanos en sus países de destino.

Estas instrucciones, supuestamente diseñadas para reforzar la postura del gobierno frente a temas considerados como controvertidos, establecen que las embajadas deben prestar especial atención a aquellas naciones que promuevan o financien prácticas como el aborto, la eutanasia, el cambio de sexo en menores o políticas de diversidad, entre otros aspectos.

Según informes internos, que aún no han sido oficialmente confirmados, las nuevas instrucciones del Departamento de Estado buscan que las embajadas reporten de manera detallada las subvenciones públicas destinadas a abortos o medicamentos abortivos.

Además, se les pide registrar el número total de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en cada país, así como cualquier política que pueda considerarse discriminatoria o que promueva la diversidad de manera que el gobierno de EE.UU. considere inapropiada.

Supuestamente, estas directrices pretenden también tener un impacto en la percepción internacional de las leyes que regulan la identidad de género en menores.

El documento señala que los procesos de cambio de sexo en menores, que en algunos países son considerados derechos fundamentales, deben ser calificados como “mutilación química o quirúrgica” por las autoridades estadounidenses.

Dichas políticas, según el comunicado del Departamento de Estado, representan una forma de coacción y violación de derechos humanos.

Asimismo, se hace énfasis en que las embajadas deben informar sobre políticas que promuevan la “afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión” si estas políticas, en opinión de EE.UU., fomentan la discriminación positiva o la imposición de ideologías progresistas. El informe también debe incluir cualquier intento, presuntamente coercitivo, de forzar a las personas a someterse a eutanasia o cambios de sexo en menores.

Estas nuevas directrices se enmarcan en una estrategia mayor del gobierno estadounidense para combatir lo que denominan como “ideologías destructivas” que, supuestamente, amenazan los valores tradicionales y la libertad de expresión.

En este contexto, el Departamento de Estado también ha reforzado su vigilancia sobre las violaciones a la libertad religiosa, con especial atención al antisemitismo, y sobre las políticas migratorias que puedan facilitar la migración masiva o ilegal hacia EE.UU.

El último informe global de derechos humanos, publicado en agosto pasado, supuestamente omitió secciones dedicadas a los derechos del colectivo LGTBI y a temas de corrupción, en un intento por presentar una imagen más alineada con la postura conservadora del gobierno.

La medida ha generado controversia en la comunidad internacional, que la ve como una forma de interferencia en asuntos internos y una forma de presionar a otros países para que adopten políticas más alineadas con los valores estadounidenses.

En definitiva, estas directrices reflejan una postura firme en la lucha ideológica que el gobierno de EE.UU. ha emprendido contra lo que denomina como “wokismo”, un término que emplea para describir las ideas progresistas o no conservadoras. La comunidad internacional observa con atención si estas políticas tendrán un impacto real en las leyes y prácticas de otros países, o si simplemente representan una estrategia de influencia y control en la política global.