El Departamento de Estado sanciona a ocho entidades, dos personas y cinco barcos, y amplía el castigo a quien opere en manufactura, tecnología, electrónica y marina en Cuba. También apunta a la red petrolera del régimen, a GAESA y a dos suministradores chinos del ejército cubano.

Estados Unidos ha vuelto a meter el dedo en el ojo al régimen cubano. El Departamento de Estado ha anunciado una nueva ronda de sanciones que golpea directamente a las redes que mantienen en pie a la dictadura de La Habana.

En concreto, Washington sanciona a ocho entidades y dos personas, y además identifica cinco barcos como propiedad bloqueada. Todo ello en el marco del empuje de la Administración Trump para acabar con las actividades malignas del régimen cubano, tanto dentro de la isla como en el resto del hemisferio.

¿Qué quiere decir esto en lenguaje corriente? Que a los sancionados se les congelan todos los bienes e intereses que tengan en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.

No pueden hacer negocios con nadie de EEUU, ni recibir dinero, bienes o servicios de allí. Y si una empresa es propiedad en un 50% o más de uno o varios sancionados, también queda bloqueada. Las transacciones de ciudadanos o empresas de EEUU con esos bienes están prohibidas salvo que OFAC, la oficina del Tesoro que controla las sanciones, dé una licencia o exista una exención.

Los bienes bloqueados deben comunicarse a OFAC.

La operación tiene varios frentes. Por un lado, EEUU apunta a la red de barcos que mueve crudo y productos petroleros para el régimen cubano. La élite dirigente acapara los recursos energéticos y navieros de la isla para su propio enriquecimiento, mientras el pueblo cubano sufre apagones, escasez de combustible y una economía estancada.

Para mantener ese chiringuito, el régimen se apoya en una maraña de intermediarios offshore. Ahora Washington sanciona a parte de esa extensa red naviera.

Por otro lado, las sanciones van contra los privilegiados del régimen. Los miembros de la cúpula y sus familiares siguen lucrándose del control de la economía, incluso a través de redes opacas vinculadas a GAESA, el conglomerado empresarial del ejército cubano.

De hecho, el Departamento de Estado sanciona a la hija del presidente de GAESA, que ya estaba sancionado anteriormente. GAESA es conocido por controlar gran parte del turismo, las importaciones y negocios clave de la isla, y es uno de los brazos económicos de la cúpula militar.

También hay dos entidades estatales cubanas de importación y apoyo técnico en la lista. Se las sanciona por estar controladas, dirigidas o actuar en nombre del Gobierno de Cuba, según la sección 2(a)(i)(B) de la orden ejecutiva. El texto no da sus nombres, pero el Departamento de Estado explica que el régimen utiliza una red de empresas públicas que controlan los recursos tecnológicos de la isla y desvían ingresos al Estado en lugar de al pueblo.

El tercer frente mira hacia fuera. Según el informe del Departamento de Estado del 20 de julio titulado 'Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI', el régimen cubano mantiene alianzas con China y Rusia que le han proporcionado material militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad.

Ahora EEUU sanciona a dos corporaciones con base en China que han suministrado al régimen componentes y equipos para sostener al ejército cubano. En la transferencia participó la empresa cubana Sociedad Mercantil Duna S.A., que ya fue sancionada el 6 de agosto de 2026 y que está metida en la importación de equipos militares desde China y Rusia a Cuba. Estas dos empresas chinas quedan incluidas bajo la sección 2(a)(i)(D) de la orden, que castiga a quienes dan apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios al Gobierno de Cuba.

Además, el director de OFAC ha emitido una determinación para ampliar el castigo a cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores de manufactura, tecnología, electrónica y marina de la economía cubana.

Es decir, que quien haga negocios en esos campos con Cuba se expone a ser sancionado. Eso sí, Washington subraya que el objetivo es el régimen y quienes lo sostienen, no el pueblo cubano. De hecho, EEUU sigue autorizando el comercio humanitario, incluidos alimentos, medicinas y equipos médicos, y dice que apoya el libre flujo de información hacia la isla.

Las sanciones se apoyan en la orden ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que permite castigar a extranjeros relacionados con la represión en Cuba y con amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU.

Las consecuencias legales son serias: cualquier extranjero que haga transacciones con los sancionados, o que opere en sectores como electrónica, energía, defensa, manufactura, marina, metales y minería, servicios financieros, seguridad o tecnología de la economía cubana, también se arriesga a caer en la lista.

Las instituciones financieras extranjeras deben andarse con ojo. Devolver activos a un sancionado o transferirlos a otra jurisdicción para que los use el sancionado puede acarrear sanciones.

Ojo también con el Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR): los bienes de las personas bloqueadas bajo esa norma siguen bloqueados, y el CACR prohíbe a quienes están bajo jurisdicción de EEUU tratar con propiedades en las que Cuba o un cubano tengan interés, salvo autorización o exención.

El Departamento de Estado recuerda que el poder de las sanciones no solo está en meter a gente en la lista SDN, sino en la disposición a sacarlos si cambian de conducta.

El objetivo final no es castigar, sino provocar un cambio positivo. Las peticiones para salir de la lista se pueden presentar a través del portal de reconsideraciones de OFAC y de la guía de eliminación del Departamento de Estado.

Para entender el contexto: el embargo de EEUU a Cuba viene de 1962 y se ha endurecido y aflojado en distintas etapas. La dictadura castrista sobrevivió décadas gracias al apoyo soviético, luego al petróleo venezolano y ahora se agarra a China y Rusia. Estas nuevas sanciones buscan cortar esas fuentes de financiación y de apoyo militar. No es la primera vez que Washington aprieta, pero esta vez lo hace tocando petróleo, barcos, tecnología y a los suministradores chinos del ejército cubano.