La justicia de Australia dio un nuevo paso en la larga batalla para que Adriana Rivas, exagente de la DINA y mano izquierda de Manuel Contreras, enfrente a los tribunales chilenos por crímenes cometidos durante la dictadura.

Tras siete años de batalla legal, el Tribunal Federal de Sídney rechazó el último intento de Rivas por evitar la extradición y dejó en claro que debe regresar a Chile para responder ante la justicia.

El juez Michael Lee firmó la resolución que desbloquea su vuelta, al sostener que los argumentos de la defensa eran erróneos y que la solicitante no ha logrado demostrar que la decisión del ministro estuviera viciada por un error de jurisdicción.\nRivas, de 72 años, vive en Australia desde hace aproximadamente tres décadas, donde ha desarrollado trabajo doméstico y, en su momento, ha ejercido como niñera en Sídney.

En 2019 fue detenida por una serie de cargos vinculados a su papel en la DINA, el aparato represivo que estuvo bajo el mando de Contreras hasta 1978 y que llevó a cabo torturas, desapariciones y asesinatos de opositores.

En la audiencia, estuvieron presentes el embajador y el cónsul general de Chile en Australia, señal de la relevancia del caso para el país sudamericano y para las familias de las víctimas.\nLa historia de Rivas se entrelaza con una etapa oscura de la historia chilena. Se le señala como secretaria directa de Contreras y como agente de la DINA. Los expedientes chilenos la vinculan a los casos conocidos como Conferencia I y Conferencia II, así como al episodio llamado Reinalda Pereira, en los que siete miembros del Partido Comunista de Chile fueron asesinados o desaparecieron desde centros clandestinos de Santiago.

Son hechos que todavía inspiran un debate sobre lo ocurrido y la necesidad de justicia para las víctimas.\nCon la extradición en marcha, Chile podrá avanzar con un proceso judicial en su territorio, confiando en un marco jurídico que ha reforzado la cooperación internacional para perseguir responsables de violaciones de derechos humanos cometidas bajo regímenes autoritarios.

No obstante, Rivas también podría agotar sus recursos ante el tribunal federal para tratar de modificar o demorar la resolución, al menos en las primeras etapas.

En cualquier caso, este caso refuerza la idea de que la justicia no prescribe las atrocidades de la dictadura y que las personas que participaron en ellas deben rendir cuentas en el lugar donde cometieron sus actos.