El expresidente Evo Morales ha dejado claro este lunes que no persigue ningún tipo de impunidad, sino un proceso realmente imparcial y ajustado a la Constitución y al derecho procesal.

Morales ha sido declarado en rebeldía por la Justicia de Tarija al no presentarse ante el Tribunal Departamental de Tarija, donde se tramita una causa por presunta trata de personas relacionada con una relación con una adolescente durante su etapa en la Presidencia.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario ha defendido que ningún ciudadano debe ser condenado, ni jurídica ni mediáticamente, sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.\n\nEl exmandatario ha puesto énfasis en que su objetivo no es la impunidad, sino que el procedimiento se desarrolle con garantías, sin atajos y con todas las garantías legales.

Ha remarcado que “nadie debe ser condenado por motivos políticos” si las acusaciones están fundamentadas en pruebas verdaderas y en un marco jurídico adecuado, y ha advertido sobre el riesgo de que, si un juez continúa un juicio sin resolver incidentes pendientes, todo lo actuado pueda quedar nulo de pleno derecho.

En esa línea, Morales ha señalado que la defensa podría presentar acciones constitucionales y una denuncia por prevaricato si considera que la autoridad judicial actúa de forma irregular.\n\nActualmente, Morales se encuentra recluido en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, bajo la vigilancia de sus seguidores.

Desde ese lugar ha señalado que no ha acudido a ninguna de las citaciones de las autoridades, a las que, según él, se les fabricó un caso desde la era del actual presidente Luis Arce.

La defensa, por su parte, sostiene que el exmandatario no ha recibido un trato justo y que se ha intentado convertir un asunto jurídico en un asunto político.\n\nLa acusación sostiene que en 2015 Morales habría mantenido una relación con una joven, entonces de 16 años, con quien habría tenido una hija durante su periodo presidencial.

Según la investigación, esa relación habría continuado desde 2006 hasta 2019, cuando Morales salió del país presionado por la oposición y por parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electoral.

Morales sostiene que este caso debe evaluarse con prudencia, separando la política de la justicia y respetando los más elementales principios jurídicos.\n\nHistóricamente, Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia y lideró un periodo marcado por cambios profundos en la Carta Magna y en la estructura política del país.

Su mandato, que se extendió de 2006 a 2019, terminó en medio de una crisis electoral y una renuncia que llevó a un periodo de transición y de fuerte rivalidad entre distintas fuerzas políticas.

Desde entonces, Morales ha mantenido una presencia activa en la vida pública boliviana, defendiendo sus ideas y, en esta ocasión, claudicando por un proceso que, a su juicio, debe regirse por las garantías legales.\n\nEn resumen, la posición de Morales es clara: quiere que el procedimiento se ventile con total imparcialidad, que se respeten la Constitución y las normas del derecho procesal, y que la defensa tenga la posibilidad de presentar todas las denuncias y pruebas necesarias para evitar que se convierta el caso en una mera persecución política.

Mientras tanto, la discusión en Bolivia continúa, con la Justicia investigando las acusaciones y la oposición y los simpatizantes de Morales tomando posiciones opuestas sobre el alcance y la legitimidad de las diligencias.

El desenlace de este episodio podría marcar un nuevo episodio en la ya tensa conversación entre derechos y política en el país.