La Fiscalía de Bolivia ha iniciado una investigación formal tras un presunto linchamiento ocurrido el sábado en la localidad de Ivirgarzama, ubicada en la región central de Cochabamba.

Según informes preliminares, una persona fue encontrada sin vida en las cercanías del río principal de la localidad, completamente quemada y con las manos y los pies atados, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, explicó que tras conocer los hechos, un equipo multidisciplinario fue desplazado al lugar de los hechos para recopilar evidencias, levantar el cadáver y realizar las investigaciones correspondientes.

La autopsia, que se realizará en las próximas horas, buscará determinar con precisión las causas de la muerte.

Por su parte, María Marca, fiscal del caso, detalló que los funcionarios municipales de Ivirgarzama alertaron que el sábado por la tarde encontraron al fallecido en las inmediaciones del río.

Según las primeras declaraciones, el hombre tenía las manos y los pies atados y presentaba quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Las autoridades no han logrado aún identificar a la víctima, lo que complica la investigación.

Las primeras averiguaciones sugieren que la víctima fue emboscada dentro de un vehículo por un grupo de residentes de la zona. Presuntamente, los pobladores lo acusaron de estar vinculado al robo de autos en la región, lo que llevó a que iniciaran una agresión física contra él.

Luego, supuestamente, lo trasladaron a las cercanías del río, donde le ataron las manos y los pies antes de prenderle fuego, junto con el vehículo en el que supuestamente iba.

Este tipo de hechos, aunque relativamente frecuentes en algunas zonas de Bolivia como Cochabamba, El Alto y Potosí, habían disminuido desde 2018, en un intento por frenar la justicia por mano propia que a menudo se justificaba bajo el argumento de la justicia comunitaria, reconocida en la Constitución Política de Bolivia promulgada en 2009.

Sin embargo, las autoridades han reiterado en varias ocasiones que estos actos brutales no están permitidos y deben ser sancionados.

Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas han expresado su preocupación por estos casos y han exigido que se sancione a quienes participen en linchamientos.

La justicia comunitaria, aunque reconocida en el marco constitucional, no puede justificar acciones violentas que vulneran los derechos humanos y el Estado de derecho.

Este trágico incidente vuelve a poner de manifiesto las tensiones existentes en algunas comunidades, donde la desconfianza en las instituciones judiciales y policiales lleva a la población a tomar la justicia por su cuenta.

La comunidad internacional continúa llamando a fortalecer el sistema judicial boliviano para prevenir que hechos como estos vuelvan a ocurrir y garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos.