Este sábado, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la activación del estado de excepción en todo el país para hacer frente a una crisis que ya acumula 50 días de bloqueos y movilizaciones.

Según Paz, la decisión persigue liberar las carreteras y evitar que los bolivianos sigan siendo rehenes de un bloqueo que impide trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares.

La medida, que tendrá una duración de 90 días, no busca quitar la normalidad de golpe, sino devolverla, explicó el mandatario a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Paz aseguró que las puertas del Gobierno permanecerán abiertas para quienes quieran dialogar de buena fe.

El anuncio llega poco después de que el Ejecutivo lograra rubricar un acuerdo con la Central Obrera para poner fin a las movilizaciones y a las medidas de presión a nivel nacional.

Con ese acuerdo, el Gobierno pretende abrir paso a una pacificación general y a una salida negociada para el conflicto. Aun así, no todos los frentes de protesta están a punto de rendirse: los sindicatos de campesinos, alineados con el expresidente Evo Morales, siguen bloqueando varias rutas y exigen la renuncia del presidente Paz.

En el caso de estas organizaciones, el diálogo continúa siendo clave para evitar que la tensión se deshilache y afecte más a la población.

Las referencias a un Estado de Excepción no son ajenas a la historia reciente de Bolivia. En años recientes el país ha enfrentado episodios de inestabilidad política y social, y la economía, fuertemente dependiente del transporte de mercancías por carretera, se ve especialmente vulnerable cuando las vías principales quedan cortadas.

Expertos señalan que, en este tipo de situaciones, la medida sirve para restablecer servicios básicos y desbloquear suministros, pero también exige controles estrictos para evitar abusos y limitar el alcance de las libertades públicas.

Desde el Gobierno se insiste en que la prioridad es recuperar la normalidad lo antes posible: carreteras libres, comercios funcionando, hospitales abastecidos y escuelas con clases.

La esperanza es que el acuerdo con la Central Obrera y el impulso del diálogo con otros actores permitan avanzar hacia una solución duradera sin necesidad de recurrir de forma permanente a medidas extraordinarias.

Ahora, el país vigila de cerca la evolución de las protestas y la capacidad del gobierno para sostener un marco de convivencia y seguridad que permita retomar la actividad cotidiana.