El Senado argentino aprobó este viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sellando la última sesión de un periodo extraordinario que terminará este sábado para dar paso al tramo ordinario del Congreso.

La votación en la Cámara alta terminó 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención. El proyecto ya había superado la Cámara de Diputados el pasado 12 de febrero, con una mayoría de 149 a 100.

En la sesión, la senadora Patricia Bullrich, figura destacada de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad Nacional del gobierno de Javier Milei, afirmó con firmeza que «Matar no puede ser gratis, ni para un menor de 14 años ni para una persona mayor».

Sus palabras subrayaron el tono de la discusión que atraviesa al Congreso, entre reclamos de mano dura y llamados a herramientas de resocialización.

El objetivo declarado del texto es fomentar en el adolescente imputado un mayor sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.

En cuanto a las penas, el régimen establece que las condenas privativas de libertad no podrán superar los 15 años y podrán cumplirse en el domicilio, en un centro de menores o en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

La propuesta original, promovida por el Gobierno argentino, buscaba fijar la edad mínima de punibilidad en 13 años, pero fue elevada a 14 ante las críticas expresadas por la oposición.

Cuando las condenas sean de hasta tres años, o cuando el periodo sea entre tres y diez años y no corresponda a delitos graves, la pena de prisión podrá ser sustituida por otras sanciones, como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, inhabilitación para conducir vehículos, restricción de asistir a determinados recintos recreativos o de viajar al extranjero, y la prestación de servicios a la comunidad.

Según el Ejecutivo, la implementación del nuevo régimen costaría más de 16,08 millones de dólares. Para contextualizar la cifra en la actualidad, ese montante equivale aproximadamente a €14,8 millones. Este dato forma parte de las estimaciones oficiales que sostienen la necesidad de un presupuesto específico para activar las reformas logísticas y formativas que acompañan la norma.

Este proyecto se enmarca en la agenda política del gobierno de Milei, que llegó a la segunda mitad de su mandato fortalecida tras las elecciones legislativas de octubre.

Aunque la aprobación en el Senado y el paso por Diputados le confirman un impulso político, las críticas persisten entre quienes advierten sobre posibles efectos en la rehabilitación y la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Presuntamente, la implementación podría cambiar la dinámica de la violencia juvenil y modificar las oportunidades de reintegración social para jóvenes infractores.

También se especula que la norma podría requerir ajustes adicionales a medida que se apliquen las disposiciones y se evalúen sus resultados en distintos contextos regionales del país.

En resumen, la aprobación de este régimen marca un giro significativo en la política penal juvenil argentina, con implicaciones que van desde la gestión policial y judicial hasta la educación y la revalidación social de los menores involucrados, mientras el Congreso se prepara para completar el ciclo legislativo ordinario con un conjunto de mecanismos de control y revisión interna.