El caso de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas en 2011 en la provincia de Salta, volvió a la palestra después de una nueva denuncia que amenaza con reavivar las discusiones sobre la justicia en la región.

Santos Clemente Vera, que pasó más de 11 años entre rejas y fue absuelto tras la revisión de la Corte Suprema en 2023, enfrenta ahora una acusación nueva que ha puesto en alerta a la localidad de San Lorenzo.

Según información de TN, un operativo policial nocturno en esa localidad dejó claro que no se trataba de una detención sino de una notificación vinculada a una nueva causa con Vera como principal implicado.

Esto ha generado preocupación entre vecinos y familiares de las víctimas, que ya conocían el peso de este expediente judicial.

La nueva denuncia la presentó una mujer de 72 años que afirma haber sido víctima de un abuso sexual ocurrido en 2011, en el mismo año del doble crimen.

En su declaración añadió una hipótesis sobre un perfil de ADN hallado en las víctimas. Este punto llamó la atención de la fiscalía, que ahora intenta cotejar el ADN de Beatriz Yapura, esposa de Vera, con un perfil femenino detectado en las autopsias de las turistas.

La investigación está a cargo de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual N.º 3, que revisa los antecedentes de la denuncia y su posible conexión con el caso original. Hay que decir que este tipo de cotejos de ADN no son inusuales en casos de alta exposición mediática; a veces permiten atar cabos que quedaron sueltos años atrás.

La defensa de Vera ha puesto en tela de juicio los procedimientos y el trasfondo de la denuncia. El abogado José Vargas sostiene que la denuncia podría estar prescrita y sugiere que se busca obtener material genético para ampliar la causa. En sus palabras, la denuncia tiene un señalamiento y eso da pie a lo que solicita la fiscalía. Otro letrado, Roberto Adrián Reyes, señaló que hay situaciones que llaman la atención, como el tiempo transcurrido desde los hechos y el contexto en el que surge la denuncia.

También criticó el despliegue policial nocturno, que, según él, afectó a la familia del imputado.

La historia es conocida por dividir posturas. Vera fue condenado por el asesinato de las turistas, pero en 2023 la Corte Suprema anuló la sentencia por considerarla arbitraria, lo que permitió su liberación tras más de una década en prisión.

Desde entonces, su nombre ha estado envuelto en polémicas, rumores y debates sobre la eficiencia de la justicia argentina y los mecanismos de revisión de sentencias.

Ahora la nueva denuncia y las diligencias judiciales reactivan el tema en Salta, donde la gente está pendiente de cada paso de la investigación. El caso, que sigue en curso, podría no solo cambiar algunas valoraciones en los tribunales sino también influir en la opinión pública y, en consecuencia, en cómo se perciben casos de delitos sexuales y de alto perfil en Argentina.

Por ahora, la justicia salteña continúa con las diligencias, en un clima de alta sensibilidad pública y sobre todo, con la mirada puesta en si estas nuevas pruebas pueden confirmar viejos indicios o si, como muchos sostienen, se trata de un intento de reabrir una historia que ya parecía cerrada.