El presidente argentino, Javier Milei, reafirmó su postura en contra del proyecto de ley que propone un aumento de emergencia para las jubilaciones, en caso de que sea aprobado por el Senado.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, contempla un incremento del 7,2 % en los haberes jubilatorios para compensar la inflación prevista para enero de 2024, además de un aumento en el bono mensual destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

Actualmente, estos jubilados reciben alrededor de 70.000 pesos argentinos, equivalentes a unos 580 euros, y con la propuesta se busca elevarlo a aproximadamente 110.000 pesos, unos 910 euros.

El mandatario expresó a través de sus redes sociales su rechazo a esta iniciativa, calificándola de populista y advirtiendo que su gobierno no permitirá que se apruebe ningún proyecto que pueda afectar el equilibrio fiscal del país.

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero, en cualquier caso, nuestro compromiso es vetar cualquier ley que ponga en riesgo nuestro objetivo de mantener el déficit fiscal en cero”, afirmó Milei.

Este proyecto de ley también incluye la extensión por dos años de la moratoria previsional, una medida que permite a personas en edad de jubilarse acceder a una pensión, incluso si no han acumulado los 30 años de aportes requeridos por la ley.

La iniciativa fue respaldada por 142 votos a favor frente a 67 en la Cámara de Diputados, lo que refleja un amplio apoyo en el oficialismo, aunque genera fuerte rechazo en la oposición y entre economistas que alertan sobre las consecuencias fiscales.

El gobierno ha recibido el respaldo de varios funcionarios clave. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que “el presidente vetará cada uno de los proyectos que puedan quebrantar la estabilidad fiscal del país.

El populismo ya no tiene cabida en nuestra gestión”. Por su parte, Luis Caputo, ministro de Economía, criticó duramente a los legisladores opositores, calificándolos de “degenerados fiscales” y advirtiendo que “en octubre hay elecciones y la sociedad ya no se deja engañar por promesas populistas”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reforzó esa postura, diciendo que “el gobierno continuará manteniendo el equilibrio fiscal y promoviendo medidas para reducir la inflación mediante la generación de actividad económica”.

En diálogo con Radio Mitre, añadió que la aprobación del proyecto en Diputados representa “una irresponsabilidad política grande” y cuestionó la sostenibilidad de los aumentos propuestos, preguntándose: “¿De dónde vamos a sacar los fondos sin afectar las finanzas públicas?”.

Desde la oposición, algunos argumentan que el impacto fiscal podría ser mitigado eliminando beneficios impositivos para sectores privilegiados y redireccionando fondos.

Durante la discusión en Diputados, se mencionó que la propuesta incluye mecanismos de financiamiento, como la eliminación de exenciones fiscales y el reordenamiento de fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia, además del ahorro derivado de reducir el costo de la deuda, gracias a las condiciones favorables del acuerdo con el FMI.

A pesar de estas propuestas, las autoridades argentinas consideran que las medidas no son viables sin afectar el equilibrio fiscal. Francos afirmó que discutirán con los senadores y explicarán la magnitud del problema, advirtiendo que “si no entienden, habrá que decir claramente de dónde saldrán los recursos”.

La tensión política se intensifica en un contexto donde la economía argentina enfrenta desafíos históricos, incluyendo una alta inflación que en 2023 rondó el 100 % anual, y una deuda que supera los 350 mil millones de dólares, aproximadamente 320 mil millones de euros, según datos oficiales.

En la historia reciente del país, las reformas previsionales y fiscales siempre han generado controversia. La crisis económica de 2001, que llevó a la caída de varios gobiernos y a una reestructuración de la deuda, dejó una profunda huella en la política y economía argentinas.

La actual discusión refleja nuevamente los debates sobre cómo equilibrar la protección social con la sostenibilidad fiscal en un país donde las finanzas públicas son un tema central en la agenda política y económica.