La Corte Suprema de Argentina ha ratificado de manera unánime la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria del país, en el caso conocido como Vialidad.

La resolución judicial, emitida por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirma la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una decisión que marca un hito en la lucha contra la corrupción en la nación.

Este fallo llega después de una extensa investigación que acusaba a Fernández de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante su mandato presidencial en 2017.

La investigación detalló cómo, supuestamente, se favorecieron empresas vinculadas a allegados de la exmandataria a cambio de beneficios económicos y políticos.

La condena representa un duro golpe para la figura de Cristina, quien ha insistido en que se trata de una persecución política y judicial, calificando el proceso como un caso de 'lawfare'.

Desde su inicio en 2018, el proceso judicial fue uno de los más mediáticos del país, con amplios debates sobre la independencia de la justicia y la lucha contra la corrupción en Argentina.

La sentencia, que fue apelada por la defensa, fue confirmada tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas por la fiscalía. Los jueces sostuvieron que las decisiones tomadas durante el proceso cumplían con todos los requisitos legales y que no existió vulneración del debido proceso.

Según la resolución, la condena implica que Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para comenzar a cumplir la sentencia. La exmandataria, que actualmente tiene 72 años, podría solicitar prisión domiciliaria dada su edad, una opción que podría ser considerada por el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal 2.

La defensa también ha señalado que existen motivos humanitarios para solicitar esta modalidad de detención.

Este fallo llega en un momento clave, ya que Fernández anunció su intención de postularse nuevamente como legisladora en las próximas elecciones legislativas de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

La noticia ha generado reacciones divididas en el país, con sectores que apoyan la decisión judicial y otros que la consideran una persecución política.

Por otro lado, el presidente argentino, Javier Milei, utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para manifestar su postura sobre la decisión judicial.

En su publicación, Milei escribió: "Fin. Justicia. La República funciona y todos los periodistas corruptos y cómplices de políticos mentirosos han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad".

Sus declaraciones reflejan el clima polarizado que vive Argentina respecto a la justicia y la política.

Es importante recordar que la historia judicial de Argentina está marcada por múltiples casos de corrupción y conflictos políticos que han llegado a los tribunales, algunos con mayor impacto que otros.

La condena a Cristina Fernández se enmarca en un contexto de esfuerzos por fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país, aunque también ha avivado debates sobre la justicia selectiva y la utilización de la ley con fines políticos.

La resolución de la Corte Suprema llega, además, en un momento en que la política argentina se encuentra en plena efervescencia, con varias figuras en carrera y un escenario electoral que promete definir el rumbo del país en los próximos años.

La decisión tiene el potencial de influir en la dinámica política, especialmente en las candidaturas y alianzas que se perfilan para las elecciones de fin de año, en un país donde la justicia y la política están profundamente entrelazadas desde hace décadas.