En la ciudad de La Coruña, ubicada en la región de Galicia, el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, se reunió este miércoles con representantes de cooperativistas que gestionan parcelas adjudicadas por la Xunta de Galicia a través de Galivivienda Sociedad Cooperativa.

La reunión se produjo en medio de una situación de tensión, ya que los cooperativistas están enfrentando cambios unilaterales en las condiciones para acceder a viviendas de alquiler en el barrio de Xuxán.

Este conflicto refleja una problemática que no es exclusiva de Galicia, sino que forma parte de tendencias a nivel nacional, donde muchas cooperativas y programas de vivienda social han enfrentado ajustes que afectan a las personas beneficiarias.

Desde finales del siglo XX, Galicia ha sido pionera en la promoción de viviendas públicas en colaboración con movimientos cooperativos, buscando ofrecer soluciones habitacionales asequibles para sectores vulnerables.

Sin embargo, cambios recientes en las condiciones han generado incertidumbre y preocupación entre los cooperativistas.

Según manifestaron los afectados en la reunión, en junio la cooperativa Galivivienda convocó una asamblea en la que se decidieron modificaciones en los términos de acceso y participación en el proyecto, sin la presencia ni aprobación explícita de los cooperativistas.

Estas modificaciones incluyen requisitos más estrictos y condiciones que, en su opinión, dificultan el acceso a viviendas a precios ajustados al mercado, en línea con la intención original de la iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia, que buscaba facilitar vivienda asequible para familias con recursos limitados.

El concejal Francisco Díaz Gallego afirmó que estas medidas vulneran los pactos iniciales y los requisitos establecidos en las bases de adjudicación de las parcelas.

Como respuesta, el edil envió una carta a la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, solicitando que se tomen medidas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos iniciales y proteger los derechos de los cooperativistas.

El conflicto también fue abordado por la subdelegada del Gobierno en La Coruña, María Rivas, quien se comprometió a comunicar las inquietudes al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Madrid.

La subdelegada recordó que la interlocución con los cooperativistas ha sido constante y fluida, citando reuniones previas en junio con el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y en mayo con el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín Ramiro.

Desde el Ayuntamiento, Díaz Gallego expresó que confía en que las administraciones colaborarán para encontrar una solución que salvaguarde los intereses de los cooperativistas.

En caso de no lograrse un acuerdo, el consistorio estudia la posibilidad de solicitar la rescisión del contrato de cesión de superficie y recuperar las parcelas públicas para un nuevo proceso de adjudicación, o incluso retomar la promoción de viviendas de manera directa a través de la Xunta de Galicia.

El problema de la vivienda en La Coruña, como en muchas otras ciudades de Galicia y de España, ha sido declarado como emergencia por las autoridades locales.

La creciente demanda y la escasez de recursos asequibles han llevado a los gobiernos regional y local a incrementar programas de promoción de viviendas sociales y cooperativas.

Sin embargo, los cambios en las condiciones y las dificultades para asegurar su cumplimiento generan tensiones y posibles retrasos en los proyectos.

La Xunta de Galicia, por su parte, ha manifestado su compromiso con la reactivación de estos programas y ha asegurado que está en estrecho contacto con las cooperativas afectadas y con los organismos municipales para resolver estas discrepancias.

La crisis habitacional en Galicia, que data de hace varias décadas, sigue siendo uno de los mayores desafíos para las administraciones, y los pasos a seguir serán cruciales para garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles en el futuro cercano.