En La Coruña, Galicia, el Pleno municipal ha dado luz verde, de manera provisional, a una alteración puntual del Plan Xeral de Ordenación Urbanística que tiene como objetivo ampliar el catálogo de elementos protegidos de la ciudad.

Esta medida permitirá al Gobierno local, dirigido por Inés Rey, fortalecer sus políticas de conservación en materia de patrimonio cultural y arquitectónico.

El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díz Gallego, explicó en detalle la propuesta sometida a votación, la cual contempla la inclusión de 28 nuevas fichas en el catálogo de protección.

Estas fichas abarcan elementos arquitectónicos de gran valor histórico, así como otros tres enclaves etnográficos y un asentamiento tradicional en Eirís.

La actualización también incorpora el trazado del Camino Inglés, junto con fuentes emblemáticas situadas en Corgo, Monelos y As Xubias de Abaixo.

Esta iniciativa, que fue aprobada con los votos favorables del PSdeG-PSOE y del BNG, y la abstención del Partido Popular, ya será enviada a la Dirección General de Patrimonio, al Ministerio de Transición Ecológica y al Ministerio de Cultura.

La finalidad es establecer un marco legal más sólido para la protección de estos valores, promoviendo una gestión más rigurosa e individualizada de cada elemento considerado de interés.

El concejal Díz Gallego subrayó la importancia de seguir con esta labor de catalogación, que no solo ayuda a preservar el patrimonio arquitectónico, sino también a entender la evolución histórica de La Coruña.

Entre otros elementos, se examinarán diversos horreos y elementos patrimoniales vinculados a la historia local, como la Viaxe de Visma, que conecta el polígono de Visma con Agra do Orzán.

Por otro lado, el Pleno también ratificó la aprobación definitiva de una nueva ordenanza fiscal sobre la tasa por la gestión y tratamiento de residuos urbanos.

Este marco regulador, cuyo objetivo principal es adaptarse a la normativa ambiental de la Unión Europea, se implementará progresivamente hasta 2029 para minimizar el impacto en la ciudadanía.

Según explicó José Manuel Lage, responsable del área, la tarifa será con un coste fijo de aproximadamente 73 euros (60,98 euros en euros), además de un componente variable que dependerá del consumo de agua y del volumen de residuos generados por cada familia.

Se prevé que las familias con menos miembros, y por tanto menor producción de residuos, paguen menos. La política busca, además, una distribución equitativa de cargas fiscales y evitar incrementos en los impuestos municipales para 2026.

El Pleno también dedicó un momento a reafirmar el compromiso de La Coruña con la celebración del Año Internacional de las Cooperativas, a través de una declaración institucional.

La alcaldesa Inés Rey destacó que las cooperativas son una pieza fundamental en la economía social, promoviendo modelos sostenibles, justos y participativos.

Según sus palabras, aportan a una ciudad más solidaria, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente, integrándose en una visión de desarrollo económico que prioriza la equidad social y la participación democrática.

De este modo, La Coruña continúa promoviendo políticas que combinan la protección patrimonial, la sostenibilidad medioambiental y la inclusión social, en línea con su tradición de valorar tanto su historia como los retos del futuro.